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El pleno del Senado aprobó la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, calificada como de vanguardia para reducir la corrupción, particularmente en inspectores, verificadores y ejecutores en sus visitas domiciliarias a comercios e industrias, que están marcadas por la extorsión a los particulares.
La figura de “confianza ciudadana” se incorpora al marco jurídico, y será la base para relaciones de buena fe entre el gobierno federal y el sector privado con actividades económicas, en especial pequeños y medianos negocios.
El dictamen recibió el apoyo de las ocho bancadas, con 106 votos a favor y uno en contra de la panista Martha Cecilia Márquez Alvarado en el debate en lo general y que estuvo ausente en lo particular, fase en la que el pleno otorgó unanimidad de 110 votos.
El Senado abrió la alternativa para que mediante convenios los gobiernos estatales y municipales se incorporen a “confianza ciudadana”, y establece ocho actividades en las que se exceptúa el instrumento que omite las inspecciones, supervisiones, verificaciones y cualquier figura análoga.
Continuarán sometidas a la revisión de la autoridad federal las actividades de Seguridad Nacional, de Protección Civil, de la población, las que protejan a los derechos e intereses del consumidor, las relativas al sector financiero, al medio ambiente, los recursos naturales, y las relativas a las armas de fuego y explosivos.
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De manera voluntaria, los particulares podrán inscribirse y darse de baja del Padrón de Beneficiarios que establezca la Secretaría de Economía y serán informados de las facilidades administrativas diseñadas para esta figura.
Deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales y regulatorias, y la autoridad aceptará esta declaración, y aplicará verificaciones mediante una selección estratégica.
La aplicación de esta ley queda en el ámbito de la Secretaría de Economía, que definirá los beneficios y las facilidades con las que fomentará la actividad de particulares.
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El resorte que mueve al Congreso para legislar en esta nueva materia de confianza ciudadana es erradicar la corrupción, la cual, señala el dictamen a la iniciativa del senador Ricardo Monreal (Morena), tiene un costo para la sociedad de 2% del PIB, de acuerdo con el Banco Mundial; 9%, según coinciden el Banco de México y Forbes, y 10% que estima el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que el alcance de la ley favorecerá a pequeños empresarios, quienes podrán quedar a salvo de las visitas de inspectores.
Gustavo Madero (PAN), y Jorge Carlos Ramírez (PRI), señalaron que el ámbito de la ley corresponde al gobierno federal, de manera que los gobiernos de los estados y municipios para llevar este tipo de beneficio a los ciudadanos deberán celebrar convenios.
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