Ordena juez atender queja de tortura de Enrique Tarín

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Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que informe por qué no ha investigado la tortura denunciada desde febrero pasado por Antonio Enrique Tarín García, colaborador de César Duarte, ex gobernador de Chiahuahua.

Según el expediente 208/2018, el juez noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió una suspensión de oficio a favor de Tarín, detenido en mayo pasado por peculado.

El ex funcionario Gerardo Villegas y Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del CEN del PRI, detenido por el supuesto desvío de 250 millones de pesos del gobierno estatal, denunciaron el pasado 6 de febrero que eran víctimas de tortura debido a que se negaron a declarar contra Duarte.

En su demanda de amparo, Tarín García acusó que la PGR ha sido omisa en investigar la tortura, tomarle su declaración y emitir medidas de protección a su favor.

Al tratarse de posibles hechos de tortura, el juez noveno requirió a la PGR a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura para que informe sobre el tema.

El juez no se pronunció sobre ninguna medida de detención ni de alguna aplicación del protocolo de Estambul, debido a que la suspensión se refiere únicamente a que cese cualquier acto de tortura del que Tarín García pueda ser víctima en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en Chihuahua, lugar donde se encuentra recluido.

La fiscalía de Chihuahua lo acusó de peculado agravado. En marzo de 2017 el ex colaborador de César Duarte solicitó un amparo para poder tomar protesta en lugar de Carlos Hermosillo Arteaga, diputado federal que falleció en un accidente vial.

Pero al no presentarse a la audiencia inicial de formulación de imputación ante el juez de Control del Distrito Judicial de Morelos en Chihuahua, el juez de amparo levantó la suspensión que le había concedido, razón por la que la PGR pudo detenerlo el 7 de mayo en colaboración con la fiscalía de Chihuahua.

Además de ser director en la Secretaría de Hacienda local, Tarín fue presidente del Comité de Adquisiciones estatal donde se encargaba de regular todas las licitaciones del gobierno.

La fiscalía lo vincula con diversas licitaciones irregulares que generaron una ganancia de 500 millones de pesos en un año para una empresa fundada por un sobrino de Duarte.