19 | NOV | 2019
Juez niega amparo a ex secretario de la rectoría de Universidad de Morelos
Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Juez niega amparo a exsecretario de la rectoría de Universidad de Morelos por "estafa maestra"

17/09/2019
15:37
Diana Lastiri
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Gerardo Ávila Rodríguez, quien buscaba que se dejara sin efecto el auto de vinculación a proceso, está acusado de ocasionar un daño patrimonial al estado por más de 22 millones de pesos por el caso

Un juez federal negó el amparo al exsecretario de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gerardo Ávila Rodríguez, contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó por por daño al erario por más de 22 millones de pesos.

El juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México declaró infundada la demanda presentada por Ávila Rodríguez por lo que el auto de vinculación a proceso emitido en su contra el pasado 19 de marzo por un juez de control en el Reclusorio Norte, ha quedado firme.

El exfuncionario fue acusado de ocasionar un daño patrimonial al estado por 22 millones 944 mil 101 pesos en el caso conocido como la Estafa Maestra.

El delito que se le imputa no amerita prisión preventiva de oficio y actualmente el ex funcionario enfrenta su proceso en libertad, con la obligación de presentarse cada 15 días a firmar.

De acuerdo con la sentencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba que hacen presumir que Ávila Rodríguez incurrió en una subcontratación indebida derivada de un contrato que la UAEM firmó con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Al amparo de este contrato, la Sedesol entregó 22 millones 944 mil 101. 20 pesos a la UAEM pero esta a su vez subcontrató por 21 millones 332 mil 996 pesos y solicitó un servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión, con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.

Si bien las subcontrataciones públicas no están prohibidas, el juez observó que la ley establece que estas deben realizarse por un porcentaje menor al 49% del importe total del contrato celebrado. 

“Si el contrato celebrado en sus diversas etapas no se ajustó a las disposiciones que lo regían, los datos de prueba aportados hasta este momento generan indicios suficientes y pertinentes que justifican el acto reclamado”, precisó.

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