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Por falta de recursos y tiempo, el Consejo General del INE determinó que es inviable una plantilla braille para personas con discapacidad visual en la elección judicial, y alertó que es un retroceso a esta medida implementada desde 2003.
Puntualizó que el modelo de boleta es distinto, por lo que no se puede replicar lo utilizado en procesos anteriores como la elección de 2024, cuando el costo fue de 8.8 millones de pesos y la impresión tardó 49 días, por lo que no se cuenta con tiempo para llevarlo a cabo.
Señaló que tendrían que imprimir cuadernillos tamaño carta con la lista de las candidaturas, que alcanzarían cerca de 42 páginas, lo cual complicaría al ciudadano la emisión de su voto.
Esto, en respuesta a la solicitud de Luis Hernández Cruz, miembro del Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad Visual.
A propuesta del consejero Arturo Castillo, se aprobó que una vez que concluya la elección, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, analicen las opciones para garantizar materiales para las personas con discapacidad visual en las próximas elecciones, así como explorar el uso de braille electrónico.
La consejera Claudia Zavala afirmó que la responsabilidad de garantizar la inclusión en el voto no sólo recae en el INE, sino en otras autoridades, ya que la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto menor, así como los plazos planteados en la reforma para organizar la elección.
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“Es muy lamentable que nosotros tengamos una regresión en términos de garantías de derecho y la eficacia de los derechos debido a estas regresiones. Evidentemente, también van en contra de lo que el artículo 1 constitucional nos instruye a todas las autoridades del Estado mexicano”, aseguró.
La consejera Carla Humphrey apuntó que el recorte referido no era inédito ni inesperado, por lo que debieron tomarse medidas: “Debimos habernos adelantado, sobre todo en temas como este, de maximización oportuna de derechos políticos y electorales para poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad”.
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