Instituciones deben ser eficaces para la permanencia de la democracia: Reyes Rodríguez Mondragón

A unos días de terminar su cargo como presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que ante las desafecciones, expectativas y promesas incumplidas, su permanencia dependerá de la eficacia de sus instituciones, así como de demócratas que trabajen por hacerlas órganos de utilidad pública y con responsabilidad social.

En un pronunciamiento por sus dos años de presidencia, afirmó que se ha buscado que el TEPJF esté a la altura de las exigencias de una sociedad vibrante como la democracia mexicana.

"El camino recorrido por el TEPJF representa un avance hacia esta meta. Todos estos proyectos se han puesto en práctica para enfrentar el actual proceso electoral. Dicho proceso coloca al Tribunal ante claros desafíos, propios de las elecciones democráticas, las cuales lo pondrán a prueba para garantizar la legalidad de comicios que deben ser competitivos, libres y transparentes", subrayó.

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Puntualizó que durante su presidencia (2021-2023) se impulsó el diseño del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024, el cual fue producto de un ejercicio de creación colectiva en el que participaron funcionarias y funcionarios de todos los niveles de la institución, así como las magistraturas de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal.

Para cumplir con estos objetivos, se diseñaron e implementaron cinco políticas institucionales: justicia abierta y colaboración; independencia e imparcialidad judicial; acceso a la justicia y de inclusión; profesionalización y política de calidad y disciplina financiera.

En materia jurisdiccional, por ejemplo, se crearon distintas herramientas virtuales reunidas en un portal de Justicia Electoral Digital (JED), además de hacerse un rediseño importante del juicio en línea.

El magistrado expuso que las de racionalidad en el gasto público implementadas permitieron consolidar a la institución como un Tribunal eficiente y eficaz; una institución que maximiza el acceso y calidad de la justicia, al tiempo que ejerce el presupuesto público de manera responsable.

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