INE exonera a hermano de AMLO de financiamiento ilegal; argumenta falta de pruebas
El PAN y PRD habían presentado una queja contra Martín López Obrador, David León Romero y Morena
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó el procedimiento sancionador iniciado en contra Martín López Obrador, hermano del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, al concluir que no se acreditó el uso de recursos ilícitos en las elecciones de 2018.
La autoridad electoral declaró infundadas las quejas presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), al determinar que no existían pruebas suficientes para demostrar que Martín López Obrador se hubiera beneficiado con dinero de procedencia ilegal.
La resolución también eximió de sanciones a David León Romero y al partido Morena, derivado de la denuncia interpuesta por ambas fuerzas políticas después de la difusión de un video en el que se observa una entrega de efectivo.
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El proyecto presentado por el consejero Uuc-kib Espadas fue aprobado en lo general por unanimidad de los consejeros. El argumento para desechar el procedimiento administrativo sancionador fue que nunca se demostró la certeza de que Martín López Obrador se benefició con recursos de procedencia ilícita.
El caso cobró relevancia pública luego de que en 2020 se difundieran grabaciones en las que León Romero entregaba dinero en efectivo a López Obrador. Posteriormente, el medio Latinus publicó una investigación en la que documentó que entre 2013 y 2018 el hermano del entonces candidato presidencial habría recibido recursos en efectivo por un monto superior a los 150 mil dólares, presuntamente destinados a apoyar actividades relacionadas con el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Las entregas habrían sido hechas por diferentes operadores políticos y empresarios, según los materiales difundidos por ese medio de comunicación.
De acuerdo con el INE, las investigaciones llevadas a cabo no permitieron acreditar que los recursos entregados constituyeran financiamiento ilícito o una violación a la normativa electoral, por lo que el Consejo General resolvió declarar infundado el procedimiento y dar por concluido el caso.
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