Inai contrata despacho para juicios laborales

En medio de su proceso de extinción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) contrató a un despacho de abogados para la defensa legal en las actuaciones procesales que se presenten en los juicios o procedimientos laborales en los que resulte parte el organismo autónomo.

Este viernes 3 de enero, al dar el fallo de la licitación IA-44-210- 044 210999-N-2-2025 se detalla que el despacho contratado también deberá contribuir a la transición de los recursos humanos hacia la institución o entidad que asuma las atribuciones del instituto de acuerdo con el decreto de extinción o legislación secundaria que establezca la forma y términos para la liquidación del Inai.

La Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial del Inai entregó este contrato al despacho Casipea Asesores SC por un monto mensual de 75 mil 400 mensuales con una vigencia hasta el 30 de junio de este año.

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“Objetivo general: Contar con la asesoría de una persona física o moral que preste sus servicios para la representación y defensa de los intereses del Inai en las actuaciones procesales y paraprocesales que se presenten en los juicios o procedimientos laborales en los que resulte parte el instituto.

“Contribuir a la transición de los recursos humanos hacia la institución o entidad que asuma las atribuciones del instituto, dentro del margen de representación y de acuerdo con el decreto de extinción o legislación secundaria que establezca la forma y términos para la liquidación del instituto”.

Se indica que el objetivo particular de este contrato es contar con asesoría jurídica sobre situaciones concretas en materia laboral, especialmente en el apartado B del artículo 123 constitucional, así como prestar servicios de gestión, representación, seguimiento, inicio y atención en todo tipo de acciones judiciales en las que el Inai intervenga, ya sea en carácter de actor, demandado, tercero interesado, autoridad responsable o cualquier otro.

Se advierte que el despacho de abogados deberá encabezar la representación y defensa jurídica ante las distintas autoridades judiciales y administrativas federales, en los procedimientos en los que el instituto sea parte.