El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, como la única mujer mencionada en una acusación federal contra presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la señaló de operar un esquema internacional de fraude y lavado de dinero que habría afectado a miles de ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en Jalisco.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Arredondo Pinzón enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Según la acusación, Griselda Arredondo trabajaba en una oficina central controlada por el CJNG, desde donde supervisaba las operaciones de diversos centros de llamadas instalados en México, así como la recepción y el lavado del dinero obtenido mediante el fraude.

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Junto a ella, la acusación presentada ante una corte federal de Brooklyn, también incluye a:
Las investigaciones sostienen que, desde aproximadamente 2012, la organización criminal operó un esquema de fraude dirigido a propietarios de tiempos compartidos, principalmente ciudadanos estadounidenses.
Las víctimas eran convencidas de pagar supuestos impuestos, comisiones o tarifas por adelantado con la promesa de vender o rentar sus propiedades, recursos que nunca recuperaban.
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Además, las autoridades describen una segunda modalidad de fraude en la que los afectados eran contactados nuevamente por personas que se hacían pasar por abogados o funcionarios públicos, quienes ofrecían recuperar el dinero perdido a cambio de realizar nuevos pagos.
El Departamento de Justicia señaló que Montero Pinzón participó en la creación y administración de una red financiera para recibir y lavar los recursos obtenidos mediante este esquema, mientras que Arredondo Pinzón coordinaba las operaciones financieras desde la oficina central del cártel.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó que el presunto fraude sirvió para financiar las actividades del CJNG, mientras que el FBI y la DEA señalaron que la organización ha diversificado sus fuentes de ingresos mediante esquemas de fraude, además del narcotráfico y otras actividades delictivas.
Tanto Montero Pinzón como Arredondo Pinzón son ciudadanos mexicanos y no se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses, de acuerdo con la información difundida por el Departamento de Justicia.
Las ofertas de recompensa por Griselda Arredondo son de dos millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena.
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