“Fonacot, con sólida posición financiera”

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A punto de cumplir 45 años, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) tiene una posición financiera sólida, con una actividad “vigorosa”, al colocar en 2018 un millón 100 mil créditos por más de 18 mil millones de pesos, señala el director general del organismo, Alberto Ortiz Bolaños.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ortiz Bolaños hizo notar que al arrancar el actual gobierno inició una investigación para detectar irregularidades y actos de corrupción, “que no se van a tolerar”, estableció.

Detalla que se investiga la contratación de servicios a precios excesivos celebrados en la administración pasada, como la compra de un manual de internet y uso de redes sociales, de 87 páginas, por 11 millones de pesos, y la adquisición de 300 mil tarjetas telefónicas que se entregaban a los clientes del Fonacot, como parte de un programa de lealtad, con un costo de más de 58 millones de pesos.

Ortiz Bolaños asegura que no se van a tolerar actos de corrupción, por lo que se revisan los procesos de contratación, a fin de hacerlos lo más transparentes posible y garantizar competencia en la licitación. Las anomalías se han reportado, dice, a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

¿Cómo llegan a su 45 aniversario?

—[El Fonacot] llega fuerte, con una posición financiera sólida, con capacidad de operación importante (...) con planes muy claros de cómo podemos hacer algunas cosas para mejorar, servir de una mejor manera a los trabajadores. [Hay] un equipo muy capaz, [en] la selección de la gente he tenido mucho cuidado.

El instituto tiene una actividad vigorosa, el año pasado se colocaron un millón 100 mil créditos por más de 18 mil millones de pesos. En lo que llevamos de los primeros meses de esta administración hemos colocado 6 mil millones de pesos a casi 350 mil trabajadores, hay mucha gente que acude a solicitar nuestros servicios.

Ofertamos las mejores condiciones en términos de tasa, que se ofrecen en el mercado de créditos de nómina. El proceso es sencillo, una persona en mostrador tiene lapsos de atención de entre 20 y 30 minutos, y en menos de 24 horas recibe su depósito.

¿Cuáles son las metas para la actual administración?

—Necesitamos ampliar la base de trabajadores elegibles para crédito. Tenemos que impulsar gestiones para concluir el trámite de afiliación con empresas porque, aunque en 2014 se estableció que era obligatorio para las empresas afiliarse con el instituto, todavía no hay un cumplimiento completo de esta regulación. Tenemos que acercarnos con las empresas.

¿Cómo les afecta el desempleo en la administración pública?

—La separación de un trabajador nos impacta, perdemos la fuente directa de pago. Hemos tenido pláticas con el IMSS para ver si podemos hacer más ágil el proceso de cobranza con los patrones, de tal manera que haya un solo portal en el que se haga el registro de todos sus adeudos.

El nuevo gobierno busca luchar contra la corrupción, ¿qué ha pasado en el Fonacot?

—Se ha hecho un análisis cuidadoso de muchos contratos. Hay dos puntos esenciales: primero, no heredamos responsabilidades administrativas de contrataciones previas; la otra parte es conseguir ahorros que necesitamos para ofrecer mejores condiciones y establecer que quien haya cometido actos de irresponsabilidad o corrupción responda por ellos.

Sí hemos encontrado varias cosas, las estamos documentando. Cada área, con el nuevo equipo que ha llegado, ha revisado los bienes y servicios. En caso de hallar irregularidades, daremos aviso a la SFP para las investigaciones que correspondan.

¿Qué irregularidades hallaron?

—Los temas más preocupantes están relacionados con la compra de algunos servicios a precios que parecieran excesivos. El instituto [Fonacot] compró un manual por 11 millones 480 mil pesos, de 87 páginas, y escrito de una manera muy básica.

Explicaba cómo usar las redes sociales en la administración pública; entonces, como era un documento que tenía derechos de propiedad, eso permitió una adjudicación directa, pero pudo ser escrito por un chico de preparatoria. Hay muchos casos en los que se hicieron licitaciones públicas, pero hubo un solo postor.

Se manejaron algunos programas de lealtad en los que a las personas se les daban tarjetas telefónicas como agradecimiento por los créditos que habían sacado.

Cuando revisamos, en realidad no toda la gente, a quienes se supone se entregaron las tarjetas, las habían recibido. Es un contrato de 58.5 millones de pesos. En seis meses, en teoría, se entregaron 300 mil tarjetas, con la idea de hacer llamadas ilimitadas por cinco minutos a cualquier teléfono.

Estamos revisando, dando aviso a la SFP, para las investigaciones y garantizar que no paguemos por servicios lo que no deberíamos pagar.

¿A cuánto ascienden las irregularidades detectadas?

—No están cuantificadas, lo que hacemos es buscar, sobre todo en los contratos vigentes, qué servicios nos están prestando y si son los que requiere el instituto para operar de manera eficiente. Vamos detectando distintas irregularidades, el monto no lo tenemos todavía determinado.

¿Qué llamado haría respecto al tema de la corrupción?

—No se van a tolerar actos de corrupción. Parte de las medidas que estamos haciendo es revisar los procesos de contratación, tratar de hacerlos lo más transparente posible, quitar candados innecesarios.

Es importante que no cerremos los procesos amañándolos. Hay instrucción en el instituto que cualquier contratación que se haga por un método distinto a la licitación pública tenga que ser informada al comité de adquisiciones y a la dirección general, para revisar cuál es la justificación para no hacerlo así. Incluso, en los procesos de licitación pública vamos a ser muy cuidadosos de no hacer adquisiciones cuando no haya por lo menos tres competidores.

¿Cuántas denuncias han presentado a SFP y cuántos funcionarios están implicados?

—No lo sé exactamente, poco a poco todas las áreas están presentando las denuncias, ha habido muchas anónimas. Es normal en un cambio de administración, han llegado acusaciones en las que se empieza a investigar a diferentes funcionarios.

Que no quede la impresión de que esto era algo común, generalizado, hay mucha gente que trabaja en el instituto desde hace años. El 2 de mayo tendremos el 45 aniversario, vamos a reconocer al personal que ha trabajado 30 años.