FGR: no se investiga a Peña Nieto por caso Odebrecht

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La Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado armar una indagatoria e imputar al expresidente Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht, según consta en un oficio entregado a EL UNIVERSAL después de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) le ordenó dar a conocer las investigaciones en contra del político priista.

Aunque en agosto de 2020 el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó una denuncia en la que implicaba al exmandatario en la trama de corrupción de la constructora brasileña, la FGR admitió que hasta el momento: “No hay indagatoria en contra de Peña Nieto” por ese caso.

La Fiscalía General de la República aclaró que a partir de la acusación hecha por Lozoya, de que la constructora brasileña había realizado pagos para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y para sobornar a legisladores a cambio de la aprobación de la reforma energética, inició la indagatoria con terminación CGI-CDMX-0000865/2020.

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Como parte de esta investigación, con la que Lozoya buscaba obtener un criterio de oportunidad, “hay líneas de investigación que pudieran dar como resultado investigar a Enrique Peña Nieto”, destacó la fiscalía dirigida por Alejandro Gertz Manero en un oficio entregado a este medio, pero hasta el momento esto no ha dado pie a contar con elementos probatorios suficientes para imputar al expresidente y, finalmente, judicializar el caso.

Tras las pesquisas iniciadas en esta indagatoria, la FGR ha logrado imputar al exsenador del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Luis Lavalle, y busca llevar ante tribunales al excandidato presidencial panista Ricardo Anaya Cortés, así como a Carlos Alberto Treviño, exdirector de Pemex.

También este expediente es con el que la Fiscalía ha intentado obtener una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray sin lograrlo hasta el momento.

La carpeta con terminación CGI-CDMX-0000865/2020 es paralela a la que se había iniciado en 2017, luego de que directivos de la empresa brasileña confesaron en Estados Unidos haber entregado sobornos a altos funcionarios mexicanos para ganar contratos y se reveló que estos pagos se habían hecho a Lozoya Austin.

Para este reportaje se solicitó a la FGR que informara cada una de las indagatorias iniciadas desde el año 2000 en contra del expresidente Peña Nieto, detallando el delito investigado y el estatus de cada expediente.

También se pidió precisar si el político priista estaba siendo investigado por el caso de corrupción Odebrecht, especificando las nomenclaturas de las indagatorias, el estatus de las mismas y si se estaba en vías de la judicialización de los casos o continuaba en investigación.

La FGR se negó a proporcionar la información alegando que de pronunciarse al respecto se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona referida. Sin embargo, tras interponer un recurso de revisión ante el Inai, este le ordenó otorgar los datos solicitados.

En su resolución, los comisionados se pronunciaron por dar a conocer la información al tratarse de un asunto de interés público que versa sobre un individuo que ocupó el cargo más alto en la administración pública, por lo que su actuar tiene que sujetarse al mayor nivel de escrutinio.

“Es importante señalar que las indagatorias pueden estar relacionadas con violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, de manera que, su divulgación abunda en el derecho de la ciudadanía de conocer y formarse una opinión sobre los hechos denunciados, así como garantizar otros derechos, como son el acceso a la justicia, saber la verdad y de no repetición”, se lee en la resolución.

Tras este fallo del órgano garante, la FGR entregó diversos documentos donde consta que aunque Peña Nieto no tiene abierta ninguna indagatoria por el caso Odebrecht, en el pasado sí ha sido acusado e investigado por otros presuntos ilícitos.

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se iniciaron seis averiguaciones previas por delitos electorales en contra del priista mientras fungía como titular del gobierno del Estado de México.

Según un informe otorgado por las diversas unidades y fiscalías especializadas que conforman la FGR, vía solicitud de información, todas las indagatorias terminaron archivadas o fueron enviadas a la Fiscalía de Justicia de esa entidad al considerar que eran asuntos de competencia del fuero común.

En el periodo de Vicente Fox Quesada también hubo un expediente de investigación contra Peña Nieto que fue archivado en apenas cuatro meses. En el documento, en el que se dictó no ejercicio de la acción penal, se le acusaba de haber entregado dinero o apoyos a cambio de votos.

Durante el sexenio de Peña Nieto, la entonces PGR también inició tres indagatorias en las que se le acusaba de delitos electorales y contra la administración de justicia, a las que también se les dio carpetazo antes de que concluyera su gobierno.

Al solicitar a la FGR más información sobre uno de los expedientes, la Fiscalía Especializada de Control Regional reportó mediante un oficio: “No es posible proporcionar la información de dicha indagatoria en virtud de que fue destruida en un siniestro tipo incendio”.

Acorde con la fiscalía, por este siniestro se inició la carpeta de investigación con terminación CLN/00000933/2021 que actualmente se encuentra en trámite.

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Peña Nieto también libró el caso Monex. Después de la elección presidencial de julio de 2012, la coalición Movimiento Progresista, que impulsaba la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, y el Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron la presunta compra de votos a favor del priista, realizada a través de pagos hechos en monederos electrónicos de Monex y Soriana.

La queja no sólo llegó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), sino que se dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que inició una indagatoria.

En respuesta a una solicitud de información hecha por este medio, la fiscalía confirmó que había iniciado tres indagatorias por el caso Monex-Soriana, las cuales no habían logrado llevar ante un juez y terminaron archivadas mediante dictámenes de no ejercicio de la acción penal.

Como parte de las investigaciones iniciales que llevó a cabo el Ministerio Público , se citó a declarar a personal de Soriana, entre ellos, su apoderado legal. También se solicitó información financiera de Monex a la Comisión Nacional Bancaria (CNBV) y de Valores y a la Secretaría de Hacienda, según dio a conocer la PGR en su momento.

Sin embargo, el expresidente Peña Nieto no fue parte de las líneas de investigación, pese a que en las denuncias de los partidos de oposición se le acusaba directamente de haberse beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita, a través de esquemas de triangulación de recursos.

A diferencia de los gobiernos de Calderón Hinojosa y Fox Quesada, en los que se iniciaron indagatorias en contra de Peña Nieto por presuntos delitos electorales, en el gobierno actual no se ha abierto ninguna averiguación por este tipo de ilícitos y tampoco por hechos de corrupción. Esto, pese a que en el pasado López Obrador lo acusó de corrupto.

Dijo que el gobierno federal del priista llevaba a cabo una “robadera sin límite”, que el país padecía “un cochinero y una gran corrupción” y lo llegó a describir como “un pequeño faraón acomplejado y corrupto”.

En mayo de 2014, al iniciar una gira por seis municipios del Estado de México, Andrés Manuel López Obrador aseveró que si llegaba a ser presidente de México encarcelaría a todos los corruptos del país, entre ellos, a Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, una vez que ganó la elección moderó sus críticas. En un mensaje que ofreció el 3 de julio de 2018, destacó la “actitud respetuosa” del mexiquense durante el proceso electoral.

“Me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica, una verdadera democracia”, dijo.

En enero de 2019, durante una de las conferencias matutinas, a un mes y medio de haber asumido la Presidencia, un reportero le preguntó si llamaría a comparecer a expresidentes, como Calderón Hinojosa y Peña Nieto. López Obrador respondió que se pondría a consideración de la gente si querían que se les juzgara.

Luego de que en agosto de 2021 se realizara finalmente la consulta popular, donde no se contó con la participación suficiente para que este ejercicio fuera vinculatorio y se pudieran indagar hechos del pasado relacionados con los expresidentes, el Jefe del Ejecutivo federal fue interrogado en una de sus conferencias si esto significaba que los exmandatarios se quedarían sin castigo.

“No, en muchos casos hay denuncias y cualquier ciudadano puede presentarlas y la autoridad competente es la que va a decidir”, contestó López Obrador.