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Casi una cuarta parte de la cobertura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en agosto, 23%, la ocuparon dos expedientes que no eligió: el caso Rubén Rocha Moya y el retiro de la visa a Andy López Beltrán, con todo lo que implicó.
Su cobertura creció 9% respecto a julio y fue 59% positiva, 26% negativa y 15% neutra. La neutra cayó a su nivel más bajo desde mayo.
Sinaloa, 16% del mes. Rubén Rocha Moya regresó al cargo y al día siguiente pidió licencia definitiva. Fue el expediente más grande de agosto. La Presidenta lo manejó por la vía institucional: rechazó respaldarlo pese a la presión política y avaló la designación de Graciela Domínguez como gobernadora interina. El regreso se leyó en su contra; la salida, no.
Cerró con una frase que fija posición sin nombrar a nadie: “Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación”.
Celulares, el tema más grande. A días del arranque del ciclo escolar, la Presidenta fijó postura: debe restringirse el uso de celulares en las escuelas. Tiene dos alcances: no aplica sólo a los alumnos, sino también a los maestros, y no se limita al salón de clases, incluye el recreo, para recuperar el juego y el trato entre compañeros.
El razonamiento es de desarrollo, no de disciplina: el uso excesivo de plataformas afecta la atención, la conducta y las capacidades cognitivas de la niñez, y volver al papel y al lápiz ejercita lo sicomotor. Antes de fijarla se consultó a los maestros. Fue el único tema grande del mes que la Mandataria puso desde su propia agenda.
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Pero si la guerra es contra los celulares, está perdida. Casi todos los alumnos ya tienen uno; lo que falta es enseñar a usarlo, con herramientas que lo conviertan en una puerta a la educación.
La defensa de Andy. Su tercer tema, y de los que más le costaron. El expediente llegó desde fuera. Estados Unidos revocó la visa de Andy López Beltrán sin explicar por qué; él respondió con una carta a Donald Trump, y el asunto se instaló como tema de soberanía.
La Presidenta sostuvo que retirar un documento de viaje es una decisión administrativa de otro gobierno, no una investigación penal, y recordó que la fiscalía no halló elementos para abrir indagatoria. Después negó haber hablado del tema con el embajador Ronald Johnson y lo dio por cerrado: “Ya no voy a hablar de eso. Ya di mi opinión sobre el tema”.
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Ahí está la tensión. Cerrar un tema es una decisión de comunicación, no de cobertura. Ella dejó de hablar del asunto; la prensa no.
El derecho de las audiencias. Los nuevos lineamientos, defendidos por su consejera jurídica, Luisa María Alcalde, se leyeron como un intento de censura. La Presidenta los respaldó frente a la industria de medios, y le costó. Aquí el desgaste no llegó de fuera.
Lo que sí construyó. El anuncio de una caída de 45% en homicidios respecto a 2024 volvió a ser su activo más confiable. El operativo para garantizar las exportaciones de aguacate mostró la otra cara del frente bilateral. Y envió al Congreso la iniciativa para que quien aspire a una gubernatura o a la Presidencia renuncie a cualquier otra nacionalidad, con el argumento de que quien gobierne vea sólo por los intereses de México.
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En lo diplomático hubo dos movimientos. México y Perú restablecieron relaciones tras nueve meses de ruptura.
El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, visitó Palacio Nacional y la Presidenta le extendió de nuevo la invitación al papa León XIV, pese a que el Vaticano ya había confirmado una gira regional en noviembre sin México.
El saldo. El mes cerró con mayoría favorable, pero no todo lo que la Presidenta puso le funcionó: los celulares sí, el pleito con la industria de medios no.
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Y los dos expedientes ajenos ocuparon el espacio donde debía ir su propia agenda.
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