Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), considera como un error social, políticamente muy grande, echar a andar un programa gubernamental para rescatar al menos 650 mil viviendas abandonadas a nivel nacional, por la lejanía de las fuentes laborales de sus habitantes, la violencia y el desempleo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, acusa que tampoco es viable el rescate desde una lógica de mercado y refiere que ese universo de viviendas equivale a un centro urbano del tamaño de la ciudad de Puebla.
Comenta que, junto con el Infonavit, se impulsan programas de regularización de vivienda que llevan más de cinco años habitadas por personas ajenas, “es mejor aceptar la realidad y regularizar esa vivienda y dárselas”.
En el tema de las viviendas abandonadas, ¿llevan un registro o tienen una contabilidad de cuántas hay?
—A través de la mezcla de diferentes fuentes de información, por ejemplo, con el Inegi, en trabajo interno, levantamientos en campo, porque no existe padrón de viviendas abandonadas.
El dato general que tenemos es de 650 mil viviendas abandonadas a nivel nacional, es lo equivalente a la zona metropolitana de Puebla.
Esa fue la cantidad que nos dejaron las administraciones pasadas, mucho se centró sobre la lógica capitalista muy básica: comprar terrenos muy baratos a tres o cuatro horas de los centros de trabajo, donde eventualmente la gente tiene que pasar de seis a ocho horas en el transporte, entonces no le es redituable aunque se tenga la llave ahí.
¿Sería el principal factor?
—Es multifactorial, podríamos decir que el propio modelo de vivienda no te permite un crecimiento, están diseñadas para cargar un piso o dos.
¿Qué pasa con la familia mexicana?, por lo general tienden a crecimientos naturales, el hijo se queda a vivir con los padres, pero ya con esposa construye un piso arriba. Hay que entender que la vivienda de carácter social en México requiere esa flexibilidad de adaptación.
¿Qué tanto influye la violencia para que se abandonen estas viviendas?
—No es un elemento de definición, pero es un factor que propicia la expulsión y el abandono, la violencia.
Porque queramos o no, muchas de esas familias siguen viviendo en zonas fronterizas.
Estas viviendas abandonadas, ¿dónde se sitúan, tienen un registro de ello?
—Sí, tenemos la definición de una tendencia de viviendas abandonadas con los datos del Inegi, el censo de vivienda que se sacó hace un par de semanas.
La mayoría de las viviendas abandonadas están concentradas en los estados de la frontera norte, en el límite con Estados Unidos, ahí es donde impregnó este modelo, en la zona de maquilas, lugares como Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa.
¿Qué acciones están llevando a cabo para reactivar las casas, para volverlas a hacer rehabitables?
—La mayoría de estas casas, yo creo que no se pueden rescatar, hacerlo sería un error social, políticamente muy grande y, en una lógica de mercado, tampoco. Si alguien abandona una casa es porque no va a regresar, por más que la vuelvas a pintar.
Algo que hicimos con el Infonavit, sobre todo con el director Carlos Martínez, quien recién llegó, es suspender los juicios masivos. Ha habido casos que se han presentado en la Fiscalía General de la República (FGR), sobre procedimientos masivos que se tenían conformados y donde se le notificaba a familias enteras, 500 u 800 familias, de golpe, de Tamaulipas, se les notificaba en Nayarit, para que nunca supieran que ya habían perdido la casa, entonces detuvimos completamente esta maquinaria con grandes despachos que tenían.
Se promovieron muchos programas que siguen siendo un gran éxito y seguimos empujando con los empresarios y el Infonavit programas que regularicen a quienes ya habitan ahí.
¿Y qué pasa con el propietario original de las viviendas?
—Presentar una demanda administrativa en un Ministerio Público, se le notifica al Infonavit, él suspende la cuenta correspondiente y procede lo legal, por invasión de la vivienda.
Sobre los casos que se notifican a la FGR, ¿de qué magnitud estamos hablando?
—Tenemos el registro de 2 mil juicios detenidos y 300 mil créditos que se detuvieron a raíz de esos juicios, que tenían 300 mil casas, todo está documentado.
A tres años del actual gobierno, ¿qué acciones se han realizado desde la Sedatu?
—Son varias, tenemos acciones desde el ámbito agrario, en materia de planeación, de política pública, de vivienda, que mide el avance de los programas presupuestales (en el programa de mejoramiento urbano) de los 50 municipios más violentos del país, nosotros hemos intervenido 24, o sea 50%.
Hemos llevado hasta el momento más de 745 obras en más de 101 municipios, 23 estados que equivalen a 3.8 millones de metros cuadrados, 200 zócalos de la Ciudad de México.
¿Todas estas intervenciones en qué consisten?
—Depende de cada municipio, en su cartera de inversión, esa es una metodología con los vecinos, se definen los proyectos, en muchas intervenciones recae el recuperar por completo zonas abandonadas, llámense deportivos, plazas públicas, mercados, corredores peatonales.
¿Tiene un estimado de cuánto ha usado la Sedatu en este universo de las zonas que han intervenido?
—El dato conjunto, si no me equivoco, son 750 obras y el monto de inversión de 29 mil millones de pesos, entre vivienda y equipamiento, que es el acumulado de 2019, 2020, 2021.
Además, hemos creado 300 mil empleos locales, porque está demostrado que la obra pública es la que genera más trabajo.
¿Cómo se mide el impacto social por la disminución de la incidencia delictiva?
—Hicimos un sondeo en campo. Con una representación, implementamos 70% de la gente que visita todas las semanas los espacios que hemos intervenido, son encuestas de opinión que hemos levantado en radios de 700 metros en las inmediaciones de los equipamientos y 90% considera que la obra fueron intervenciones importantes; 88%, que ha mejorado la convivencia de las personas en su colonia; 70%, que mejoró el tema de la iluminación; 81%, que no hay indicios de vandalismos de las obras, mientras que 80% de los participantes se siente más seguro en los espacios y sus alrededores, y 80% considera que ha mejorado la seguridad para niñas y niños.
¿En materia agraria qué esfuerzos destacaría?
—Destacaría la defensa del terreno nacional o los suelos nacionales. En términos generales, ¿qué son los terrenos nacionales?, todo aquello que no son ejidos, comunidad o propiedad privada es propiedad de la nación, de todos los mexicanos, y sigue siendo muy importante.
Cuando entramos, detuvimos un proceso que ya estaba en desincorporación masiva de terrenos nacionales, sobre todo muy enfocado en las penínsulas, en Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, en zonas turísticas, y pusimos un freno.
Detuvimos 196 procesos de desincorporación masiva.
Si hubieran salido con el costo que tenían en ese momento, el Estado mexicano hubiera perdido 3 mil 500 millones de pesos en 2019, de terrenos que tenían un mayor valor.
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