El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para fortalecer el mecanismo de alerta de género, con lo que busca frenar la violencia feminicida que enfrenta el país.

Las enmiendas a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia establecen, por primera vez, que los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) deben coordinarse para enfrentar la violencia feminicida y se obliga a los Congresos de la Unión y estatales a etiquetar presupuesto para que operen los mecanismos de protección, seguimiento y evaluación necesarios.

A las organizaciones de la sociedad civil se les dio lugar como actores clave para que participen en el proceso y se tomarán en cuenta sus solicitudes para la emisión de alertas, tarea que corresponderá a la Secretaría de Gobernación.

Dada la urgencia de atender el tema, ayer se aprobó el dictamen y de inmediato subió al pleno para su aprobación, tras lo cual las enmiendas se enviaron al Senado.

Los cambios establecen que el suicidio puede ser considerado como una forma de violencia feminicida, pues en ocasiones son las agresiones que sufren las mujeres las que les pueden llevar a quitarse la vida.

También se estableció que la violencia de género puede presentarse en el espacio público y en el privado; se incorporaron medidas para garantizar la reparación del daño, sancionar a los funcionarios que sean omisos en la protección que se debe brindar a las mujeres, así como que el Estado estará obligado a la reparación del daño.

Wendy Briceño, legisladora de Morena y presidenta de la comisión, recordó que 410 municipios en 19 entidades tienen declaraciones de alerta de género.

Pero, advirtió la diputada del PRD Guadalupe Almaguer, “ni un solo decreto de la alerta de violencia de género ha logrado hasta ahora cumplir con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres y cesar la violencia. Vemos todo lo contrario: hoy tenemos 10.4 mujeres asesinadas [a causa de] violencia feminicida al día”.

Además, señaló, la Comisión Nacional de Víctimas tiene serias deficiencias; el mecanismo no cuenta con la suficiente fortaleza y las organizaciones sociales estaban excluidas, de ahí las reformas que buscan cambiar el estado de cosas.

Verónica Sobrado Rodríguez, del PAN, expuso también que mientras el año pasado hubo 389 feminicidios, en 11 meses de 2019 ya son 809. Por eso urge reforzar la alerta de género.

Anilú Ingram Vallines, del PRI, pidió avanzar aún más y homologar el concepto de feminicidio a nivel nacional, porque si bien se encuentra en el Código Penal Federal, “reforzarlo desde una ley especial hubiera sido la gran diferencia para dejar de maquillar cifras y dar carpetazo a miles de feminicidios, catalogándolos de suicidios. Hay madres cuya lucha sólo consiste en ello, en que se reconozca que fue asesinada”.

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