Denuncian impunidad a 11 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas

La impunidad prevalece en las investigaciones en torno a la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrido hace 11 años, ya que no hay ningún sentenciado por los hechos y existe el riesgo de que ocurran situaciones similares en el país debido a los altos índices de violencia, acompañada de la política antiinmigrante y discriminatoria, así como la creación de la Guardia Nacional que estableció el actual gobierno de la Cuarta Transformación con la militarización de las fronteras y deportaciones masivas.

Destacaron activistas y especialistas de la Fundación para la Justicia bajo que aglutina a casi un centenar de organizaciones no gubernamentales de México, Centroamérica y Estados Unidos quienes recordaron la masacre ocurrida en el norte de México en el marco de la llamada Guerra Contra el Narcotráfico que emprendió el entonces presidente Felipe Calderón y que tuvo un episodio similar en el actual gobierno en Camargo.

Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia, dijo a El Universal que en el país contrario al discurso presidencial, siguen las masacres y prueba es Camargo, Tamaulipas, a unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde en febrero pasado, 19 personas, la mayoría migrantes guatemaltecos, fueron asesinados y calcinados. “La actual política migratoria no tiene nada de humanista, es discriminatoria militarista y racista”.

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Dijo que agrupados en el Movimiento #72NadaNuevo y a 11 años lo que prevalece en este caso son 72 asesinatos de víctimas de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña, hondureña, ecuatoriana, brasileña e india es impunidad en las torturas y crímenes que sufrieron, 9 restos sin identificar, sólo 15 personas consignadas por estos hechos delictivos, cero sentencias, ninguna reparación del daño y mucho menos sin garantías de no repetición de estos crímenes en México.

Indicó que igual que con el gobierno de Calderón, en el prevalece la impunidad y la falta de protección a los migrantes, se niega el derecho de asilo e incluso persiste la colusión entre autoridades y traficantes de personas, sumado al grave retroceso de crear una Guardia Nacional y establecer acuerdos militaristas para detener y deportar a quienes huyen de sus países.

“México era un país que abría sus puertas a quien requería asilo. Ahora somos el país, de los muros, somos el muro de Estados Unidos, porque el actual gobierno ha aceptado a quienes deportan de Estados Unidos para también deportarlos inmediatamente, siendo cómplice de estas violaciones a los derechos humanos”, dijo la especialista.

“Han pasado 4,015 días, pero no ha dejado de doler uno solo de ellos. En estos 11 años, las familias de las víctimas, acompañadas de la Fundación para la Justicia y organizaciones aliadas en los países, hemos tocado puertas que permanecen cerradas, coleccionado promesas que no se concretan. Por eso decimos con terrible pesar: #72NadaNuevo”, señalaron por su parte las organizaciones en un documento.

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Insistieron que en poco más de una década, los avances son mínimos: restan nueve personas sin identificar, lo que significa nueve familias que siguen sin tener los cuerpos de sus seres queridos, aun cuando sus restos fueron localizados en 2010; falta la reparación del daño y las garantías de no repetición.

Subrayaron las masacres contra personas migrantes continuaron: Cadereyta, Güemez y apenas en este año la de Camargo, Tamaulipas.

“La falta de justicia es una herida que ha desgastado física y emocionalmente a las familias. Sin embargo, este desgaste no significa renuncia. Ninguna de ellas está dispuesta a bajar la guardia, a dejar de buscar justicia.

Junto con ellas, como Fundación para la Justicia, con las organizaciones aliadas, seguiremos tocando puertas, ya sea en México o afuera, buscando que estos actos de barbarie nunca más vuelvan a ocurrir en nuestro país.

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“La exigencia continúa siendo la misma: se requiere voluntad política para que ésta y otras masacres de personas migrantes pueda ser investigada por una Comisión Especial con el apoyo de organismos internacionales; una Comisión Especial e independiente que pueda atender todas las deudas con estas familias en materia de verdad, justicia y reparación”.

Asimismo, exigir justicia desde otro país realmente ha colocado a las familias de las víctimas en un desgaste absoluto y en una situación de frustración que merece ser atendida por México y los países de la región.

Por su parte, un análisis de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expuso que las condiciones para que una tragedia como la masacre de San Fernando sucediera fue la complicidad entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados violentos, la corrupción desenfrenada en sectores de la justicia y otros organismos gubernamentales, la falta de investigación y enjuiciamiento por delitos contra los migrantes, y la aparente indiferencia de las autoridades ante los abusos a los que son sometidos los migrantes.

Actualmente, estos mismos problemas siguen siendo endémicos en México, aunque algunos de los riesgos que enfrentan los migrantes han evolucionado. Pero políticas como “Quédate en México” siguen resaltando la indiferencia ante el sufrimiento de los migrantes: el gobierno de Estados Unidos sigue expulsando a los migrantes y solicitantes de asilo a ciudades fronterizas mexicanas (algunas son entre las más violentas del mundo) donde sufren agresiones violentas”.

Un informe de la CNDH expuso en 2016 que el crimen fue cometido por cartel de Los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal, municipio tamaulipeco de San Fernando. Las víctimas fueron 72 migrantes de diversos orígenes en tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos ―por ello también ha recibido el nombre de Masacre de los 72―, y el hecho es uno más en la lista de crímenes no resueltos por el Estado mexicano. Cinco años después, tres de ellos del gobierno de López Obrador, prevalece la impunidad.

"Deberíamos de pegar gritos, tal vez así nos escuchan, México está en deuda con nosotros”, dijo la madre de una las víctimas de la masacre de San Fernando a 11 años de impunidad de este caso.

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