Corte oculta costo de sus autos ; alega motivos de seguridad
El Máximo Tribunal argumenta que dar a conocer modelo y costo de las unidades pone en riesgo a los titulares de la Suprema Corte de Justicia
La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reservó por cinco años datos como modelo, costo y fecha de adquisición de 151 vehículos con los que cuenta, ya que informarlo “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares” del Poder Judicial.
Una solicitud hecha por EL UNIVERSAL en enero, luego de que se diera a conocer que la Corte adquirió nueve nuevas camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee para sus ministros, buscaba saber el total de vehículos en poder de la Corte, el modelo de cada uno, año y costo en que fueron adquiridos.
Pese a no solicitar detalles como a quién están asignados dichos vehículos ni el emplacado de cada uno, el Comité de Transparencia de la SCJN consideró como reservados dichos datos y sólo informó que el parque vehicular de la institución es de 151 vehículos en uso.
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“El parque vehicular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consta de 151 vehículos que son asignados a sus diversas áreas y órganos. Además, existen otros (de características especiales) que se encuentran bajo resguardo de la DGSyFP, cuya información tiene carácter reservado, con fundamento en las fracciones I y V del artículo 112 de la Ley General de Transparencia.
“La información que daría cuenta de una parte de lo requerido (modelo y costo de los vehículos de cualidades especiales de seguridad) tiene carácter reservado, en términos de la fracción V del artículo 112 de la Ley General de Transparencia”, especifica la respuesta.
La Corte justificó la reserva de la información y argumentó que al clasificar los datos “se garantiza la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal, siendo este último un derecho de primera generación mismo que resulta de mayor relevancia”.
Reservan compradores de los últimos años
El Gran Diario de México también solicitó qué ministros han adquirido los vehículos asignados a su ponencia desde 1994 a la fecha, luego de que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, especificó que cuatro camionetas Grand Cherokee Limited se llevaron algunos de los ministros de la integración anterior del pleno.
El Comité de Transparencia de la Corte también decidió reservar la información, pese a que se han hecho públicos algunos nombres de ministros anteriores, como Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farjat. La razón para clasificar la información fue la misma: salvaguardar la seguridad de los exministros.
Respecto a la información de 1994 a 2015, la Corte afirmó que ya no cuenta con ella, y de la correspondiente a 2016 hasta 2025 aseguró que no podría pronunciarse sobre la asignación de vehículos “debido a que la sola manifestación al respecto interferiría con la estrategia de seguridad integral dispuesta por la Dirección General de Seguridad y Facilitadores del Pueblo, y es información que se encuentra clasificada como reservada conforme lo señala el expediente CT- CUM/A-25-2023”.
“Debe tomarse en cuenta que los protocolos adoptados DGSyFP dependen de la eficacia de las estrategias que implementa para el traslado seguro de las personas servidoras públicas y, en las cuales se encuentra todo lo referente a los vehículos utilizados, por lo que divulgar esta información vulneraría a gran medida las capacidades de reacción ante situaciones de riesgo”.
El Comité de Transparencia también tomó a consideración que dar cualquier dato sobre dichas camionetas “permitiría inferir patrones operativos, esquemas de protección, nivel de exposición al riesgo o medidas diferenciadas de seguridad implementadas para las personas servidoras públicas que desempeñaban o desempeñan funciones de alta responsabilidad constitucional”.
Reservan información que ya es pública
Sobre las nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee adquiridas en enero, el Comité de Transparencia de la Corte también clasificó la información sobre sus costos de adquisición, pese a que es información pública que tuvieron un costo de entre uno y 4 millones de pesos.
En conferencia de prensa posterior a darse a conocer la noticia de la compra, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que el fin de comprarlas fue “que la flotilla anterior no cumplía con los estándares de seguridad necesarios”, pero que serían devueltas.
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