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La nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia que la bancada de Morena y sus aliados pretenden avalar este miércoles, obliga a los congresos locales a acatar lo que defina el Congreso federal sobre un caso de desafuero.
Lo anterior permitirá evitar que se repitan casos como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García cabeza de Vaca, a quien le quitaron la protección federal el 30 de abril de 2020 para que enfrentara las investigaciones en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. En aquella ocasión, la resolución fue turnada al congreso tamaulipeco; sin embargo, en lugar de ser acatada se declaró la improcedencia, y se aprobó una reforma local para otorgarle “fuero definitivo”.
De acuerdo al dictamen, que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuando se avale un desafuero la resolución se remitirá a la legislatura local respectiva, “para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos erigida en jurado de procedencia y, en su caso, publique y comunique tal resolución para el efecto de que las autoridades locales o federales correspondientes actúen en consecuencia”.
La nueva ley también aumenta el número de integrantes de la Sección Instructora de cuatro a cinco, para evitar que existan “empates” al atender una solicitud de juicio de procedencia.
El dictamen se aprobó desde el pasado 13 de agosto de 2021 por la Comisión de Gobernación, con una votación de 20 sufragios a favor, seis en contra y cero abstenciones.
Adicionalmente el proyecto plantea a los sujetos que pueden ser objeto de juicio político: Presidente de la República, gobernadores, diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros del Instituto Nacional Electoral, integrantes de organismos autónomos, entre otros cargos.
Establece cuándo puede emprenderse este juicio político: con el ataque a las instituciones democráticas, violaciones a los derechos humanos, cualquier violación a la constitución y leyes que de ella emanen. Y será el Congreso de la Unión el que haga las valoraciones correspondientes.
De acuerdo a los argumentos de la propuesta, ello “garantiza la oportuna administración de la justicia en materia penal a los servidores públicos que durante su mandato se alejen de los principios y valores que rigen su empleo, cargo o comisión”; “asegura que los presidentes de la República recibirán el mismo trato que cualquier otro ciudadano por parte de los juzgadores en materia penal”; y combate la corrupción e impunidad de los altos funcionarios, “evitando que abusen de su investidura para incurrir en conductas ilícitas sin correr el riesgo de ser llamados a juicio, garantizando la aplicación de la justicia penal y política”.
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