Ante las voces que aseguran que la compra del gobierno federal de 13 plantas de generación de energía a Iberdrola a un costo de casi 6 mil millones de dólares, el afirmó fue una “muy buena decisión” y conveniente para las dos partes.

“En efecto, se han manifestado muchas opiniones, nosotros consideramos que fue una muy buena decisión y creo que conveniente para las dos partes”, dijo.

El pasado 4 de abril, el presidente López Obrador anunció la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica de Iberdrola a un costo estimado en casi 6 mil millones de dólares, lo cual, aseguró, significa “una nueva nacionalización”.

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En conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que Iberdrola inició su actividad empresarial a partir de la privatización de la industria eléctrica que, afirmó, inició en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

“Iberdrola inicia su actividad empresarial en México a partir de la privatización de la industria eléctrica. Es de las primera empresas que obtienen permisos para generar eléctrica en nuestro país, un poco de historia.

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“Antes de Salinas, toda la energía eléctrica que se producía en México la generaba la CFE de acuerdo a la Constitución solo la CFE, el Estado, la nación podía llevar a cabo actividades de generación y de distribución y venta de la energía eléctrica. Cuando llega Salinas hace una reforma a una ley secundaria, ni siquiera a la Constitución y empezó a dar permisos a particulares”.

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Ayer lunes, informó que en opinión de especialistas del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la operación de compra-venta de 13 plantas de Iberdrola, en la que participó el gobierno mexicano, envía una “señal negativa” a los inversionistas que quieran llegar al país.

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“Es una señal negativa hacia la inversión en el país, ya que es precedida por ataques verbales del propio presidente (Andrés Manuel López Obrador) a Iberdrola [sin ninguna prueba objetiva]. Ello en un momento cuando el país necesita concretar la atracción de inversiones en la gran oportunidad que representa el movimiento de relocalización o nearshoring”, señaló.

Para especialistas del CEESP, con esta operación “la preferencia revelada del gobierno es más bien por objetivos políticos que comienzan a tomar fuerza ante la cercanía del proceso electoral”.

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