La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Fiscalía General de la República () y las fiscalías estatales a fortalecer las acciones inmediatas de búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, ello derivado de un repunte de casos.

Informes de organizaciones civiles y organismos de derechos humanos exponen que al 2026 existen aproximadamente 29 mil 500 registros de mujeres no localizadas, con una concentración crítica de casos en niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años de edad.

El exhorto avalado por unanimidad y publicado en la Gaceta Parlamentaria expone “entre el 1 de enero y el 24 de abril de 2024, se registraron 12 mil 906 mujeres desaparecidas y no localizadas, mientras que en el mismo lapso de 2025 la cifra superó las 14 mil, lo que refleja un incremento relevante”.

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Se argumenta que la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes constituye una de las manifestaciones más graves de en México, pues no solo compromete derechos humanos fundamentales, sino que revela la persistencia de condiciones estructurales de discriminación y violencia de género.

Ante ello, el Congreso mexicano exhortó a las Fiscalías y Procuradurías de Justicia de las entidades federativas para que, en el marco de la armonización sus leyes respectivas en la materia, continúen fortaleciendo, en coadyuvancia con la Comisión Nacional de Búsqueda, los protocolos de búsqueda inmediata.

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Asimismo, cuando corresponda con la Fiscalía General de la República, los protocolos de búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, garantizando la activación oportuna y la aplicación efectiva del Protocolo Alba, y la implementación de acciones que refuercen la evaluación permanente de las estrategias destinadas a su localización.

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Senadores y diputados federales exhortaron a las autoridades de procuración de justicia de las entidades federativas a que, en el ámbito de sus atribuciones, continúen reforzando las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y fortaleciendo la capacitación especializada, permanente y con perspectiva de género del personal ministerial, policial y de investigación.

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Ello a fin de garantizar la debida diligencia, la atención integral, la búsqueda inmediata y la investigación eficaz de los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes.

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