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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) chocaron al fijar posturas distintas frente a la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU sobre la situación de personas no localizadas en México.
Por un lado, la CNDH descalificó el reporte del organismo de la ONU porque “se basa en posturas sesgadas de organizaciones no gubernamentales; en tanto que la comisión capitalina dijo que se trata de una oportunidad para crear un diálogo constructivo y participativo.
La CNDH, encabezada por Rosario Piedra, insistió en que el dictamen del CED se basa en posturas “sesgadas” de organizaciones no gubernamentales y que derivó en conclusiones sin sustento pleno sobre la situación de desapariciones en México.
El organismo sostuvo que el comité concluyó de forma preliminar que existen indicios “fundados” de desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática, lo que ameritaría llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU, pero afirmó que esta determinación se apoyó principalmente en peticiones de organizaciones civiles.
La CNDH reconoció la legitimidad del dolor de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, pero discrepó de fondo con el comité al señalar que no se agotaron previamente las instancias nacionales, como lo establece la convención internacional en la materia.
También criticó que se hayan privilegiado posturas como las del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha señalado insuficiencias en las políticas públicas recientes.
De acuerdo con la comisión, el CED incurre en contradicciones al reconocer violaciones graves durante la estrategia de seguridad de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, impulsada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y al mismo tiempo descartar evidencia suficiente para considerar que existiera una política intencional de desapariciones forzadas.
El organismo afirmó que, a diferencia de periodos anteriores como la Guerra Sucia y el periodo de 2006 a 2012, las desapariciones forzadas atribuibles a autoridades federales se han disminuido desde 2018.
En tanto, al fijar su posición sobre el reporte del CED, la CDHCM, presidida por María Dolores González Saravia Calderón, señaló que “en el contexto de desapariciones que atraviesa el país, se requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica, tanto de instancias nacionales como de los mecanismos del sistema internacional de derechos humanos”.
El posicionamiento se emitió luego de que el CED informó este jueves que someterá la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, a través del secretario general, tras identificar indicios “fundados” de desapariciones forzadas en distintos momentos y regiones del país.
En este contexto, la CDHCM subrayó que la desaparición de personas constituye una violación grave a los derechos humanos, con impactos a nivel individual, familiar y social, y destacó que se trata de uno de los desafíos más urgentes del país.
Indicó que ha emitido recomendaciones en materia de búsqueda y acceso a la justicia, mantiene expedientes de queja activos y ha dado seguimiento a casos relacionados con búsqueda inmediata, debida diligencia en investigaciones y atención integral a víctimas.
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Refirió que en la Ciudad de México se han anunciado acciones de coordinación entre la Comisión de Búsqueda de Personas y la fiscalía local, a través del gabinete de búsqueda, para mejorar los procesos de localización e identificación.
La CDHCM señaló que estos esfuerzos deben fortalecerse y traducirse en resultados, y planteó la necesidad de una respuesta integral, articulada y sostenida, con participación de las familias, así como el fortalecimiento de la prevención, las investigaciones y la atención a la crisis forense.
La CDHCM señaló que estos esfuerzos deben fortalecerse y traducirse en resultados, y planteó la necesidad de una respuesta integral, articulada y sostenida, con participación de las familias, así como el fortalecimiento de la prevención, las investigaciones y la atención a la crisis forense.
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