Buscan proteger a menores en casos de feminicidio; proponen suspender patria potestad del agresor
La iniciativa de la legisladora María Isidra de la Luz fue turnada a la Comisión de Justicia de la San Lázaro
La diputada petista María Isidra de la Luz Rivas presentó una iniciativa en la que propone suspender la patria potestad cuando la persona que la ejerza sea vinculada a proceso por el intento o delito de feminicidio.
De acuerdo con la legisladora, hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, en la mayoría de los casos, quedan al cuidado y bajo tutela de su progenitor hombre, que en ocasiones “viene a ser el principal sospechoso e investigado por este delito, y otras veces el responsable comprobado”.
Por este motivo, De la Luz Rivas propuso la suspensión de la patria potestad, la guardia y custodia e incluso del régimen de visitas, por lo menos hasta que se compruebe la inocencia del padre.
La diputada del Partido del Trabajo (PT) indicó en sus consideraciones que la muerte causada a las mujeres por razones de género es la forma más extrema de violencia y una de las manifestaciones mayormente graves de discriminación hacia ellas.
En ese sentido, destacó que hay una necesidad de continuar legislando el delito de feminicidio, para que ante la comisión o tentativa de este ilícito se cubran todas las áreas y se protejan a las demás víctimas, directas o indirectas, de esta situación.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, reforma al Código Civil Federal, con la adición de una fracción VII al artículo 444 y los párrafos II, III y IV al artículo 444 Bis.
El texto establece que, además de las sanciones por el delito de feminicidio, la persona responsable perderá la patria potestad sobre los descendientes que “en común tenga con la víctima”.
De ser el caso, también perderá todo derecho con relación a los hijos de la víctima, para así garantizar el interés superior de la niñez con base en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La iniciativa de María Isidra de la Luz también menciona que la autoridad jurisdiccional deberá modificar o suspender el ejercicio del régimen de convivencias, sin necesidad de solicitud de ninguna de las partes.
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