Buenos Aires.— Un nuevo proyecto de ley para despenalizar el aborto en Argentina fue presentado ayer en el Congreso en medio de una masiva marcha liderada por ONG que defienden los derechos de las mujeres en el país. La iniciativa, que ingresó al Parlamento para ser tratada nuevamente por los legisladores, contiene modificaciones respecto al proyecto que el año pasado fue desestimado por la Cámara de Diputados.
Contempla que toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar puedan acceder al aborto y que se debe garantizar la realización de la práctica sin necesitar autorización judicial previa dentro de un plazo máximo de cinco días desde que se lo requiera.
“En esencia, el proyecto es el mismo, pero hemos hecho algunas incorporaciones, de acuerdo con la experiencia del año pasado”, dijo Nina Burgo, referente y fundadora de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y añadió que “es un clamor, sobre todo de la juventud, para que definitivamente sea ley la autonomía de las personas al derecho de decidir”.
La iniciativa fue apoyada por masivas manifestaciones de hombres y mujeres identificados con sus característicos pañuelos verdes en diversos puntos del país.
Los impulsores del proyecto argumentaron que los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad maternal en Argentina y que las mujeres de bajos recursos son las más expuestas a realizar esos procedimientos en condiciones insalubres. En América Latina, sólo Cuba y Uruguay permiten a las mujeres decidir la interrupción del embarazo y que el sistema de salud público lo contemple.
“Tras el rechazo al proyecto el año pasado, quedó en evidencia que los abortos se siguen practicando en pésimas condiciones y las mujeres mueren en contextos de clandestinidad. El Estado debe saldar su deuda y brindar acceso a servicios de aborto sin restricciones”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En la actualidad la legislación argentina permite el aborto en casos de violación o peligro para la vida o la salud de la embarazada; sin embargo, médicos y hospitales públicos no lo practican en los casos no penados por la ley.