Madrid.— Las grandes compañías tecnológicas deben limitar la utilización de las redes sociales para cualquier comportamiento indebido, pero son las autoridades encargadas de las investigaciones en el mundo cibernético las que deben valorar si esas manifestaciones son constitutivas de delito, advierte Carlos Seisdedos, experto en ciberseguridad y responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors (Isecauditors).
“Aunque las plataformas quisieran actuar de forma activa contra los mensajes de odio, debemos tener presente que únicamente en Twitter se publican más de 450 mil mensajes por minuto”, indica en entrevista con EL UNIVERSAL el creador de la herramienta “magneto”, orientada a investigadores y analistas de inteligencia. Al final, cuestiona, si se regula a las redes, “¿Quién vigula al vigilante?”.
Antes de fiscalizar las redes sociales, Europa y el resto de países deberían tener en cuenta que sería más productivo destinar recursos y esfuerzos a formar a las futuras generaciones en la concienciación sobre el uso responsable de la tecnología, subraya el coautor del libro sobre las técnicas de Open Source INTelligence (OSINT), centradas en la investigación de personas e identidades en internet.
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El veto de Twitter y Facebook al expresidente Donald Trump por incitación a la violencia en las redes sociales fue cuestionado desde distintos sectores. ¿Estuvo justificado?
—Entiendo que lo estuvo desde un punto de vista pragmático y viendo el resultado de las continuas y crispadas publicaciones de Trump que llegaron a provocar el asalto al Capitolio, por lo que podríamos decir que se tardó demasiado en actuar. El hecho de que Twitter acompañara las publicaciones del entonces presidente con una advertencia sobre su veracidad, era un indicio de que esos mensajes estaban incumpliendo sus políticas, por lo que en vez de amonestarlo, etiquetando sus tuits como elementos que glorifican la violencia, deberían haber sido eliminados, ya que aunque estén etiquetados como falsos pueden seguir siendo consumidos por sus seguidores.
¿Deben ser las plataformas tecnológicas las que se encarguen de activar los mecanismos contra los mensajes que puedan constituir delito?
—Desde mi punto de vista las plataformas tienen una labor muy compleja ya que, aunque quisieran actuar de forma activa contra los mensajes de odio, debemos tener presente que únicamente en Twitter se publican más de 450 mil mensajes por minuto. Muchos de ellos comparten contenido multimedia, como imágenes o videos, por lo que las plataformas deben destinar ingentes cantidades de recursos para analizar cada una de dichas publicaciones. Esto nos llevaría a otra discusión: ¿queremos que las plataformas tecnológicas analicen todo el contenido que subimos a nuestras redes sociales? Seguramente muchas personas pondrían el grito en el cielo.
¿Están capacitadas las redes sociales para sancionar al usuario infractor sin vulnerar el derecho a la libertad de expresión?
—El único mecanismo que tienen las plataformas para sancionar a los infractores es mediante la aplicación de las propias Reglas y Políticas que aceptamos en los Términos y condiciones del Servicio. La forma más eficiente con la que pueden actuar las plataformas es colaborando con las autoridades, respondiendo de forma ágil a todas las peticiones de auxilio que reciban.
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Algunos expertos consideran que tienen que ser los tribunales, y no las grandes compañías privadas, los que se encarguen de la persecución de estos comportamientos indebidos en redes sociales, en el caso de que constituyan delito. ¿Son compatibles las dos modalidades de intervención o hay que optar por una de ellas?
—Las grandes compañías deben limitar la utilización de sus plataformas para cualquier actividad o comportamiento indebido o acción constitutiva de delito, principalmente para limitar el alcance de determinados mensajes, pero deben ser las autoridades encargadas de las investigaciones en el mundo ciber, las que deben valorar si dichas manifestaciones o publicaciones pueden ser constitutivas de delito o no; y en el caso que sean constitutivas de delito, proceder a su investigación, con la colaboración de las plataformas tecnológicas para que puedan ser enjuiciadas.
En Europa y otros países ya se están barajando distintas iniciativas para fiscalizar a las plataformas tecnológicas y limitar su capacidad de veto a fin de afianzar la seguridad jurídica y garantizar la libertad de expresión de los usuarios. ¿Hay que regular las redes sociales para defender la democracia?
—Antes de fiscalizar las redes sociales, Europa y el resto de países deberían pensar que sería más productivo destinar recursos y esfuerzos en formar a las futuras generaciones en la concienciación sobre el uso responsable de la tecnología, ya que tenemos una sociedad permanentemente conectada, que nos ha traído un nuevo escenario de riesgos asociados a un uso irresponsable de las nuevas tecnologías, por lo que informar y formar tanto a los menores como a sus familias sobre la utilización responsable de las nuevas tecnologías, permitiría dotarlos de técnicas y elementos que los harían menos permeables a cualquier tipo de contenido o técnicas de persuasión o manipulación.
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Algunos piensan que estas iniciativas institucionales pueden servir precisamente para coartar esa misma libertad que se pretende proteger y ejercer un mayor control de las redes sociales…
—Por desgracia es así. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién dicta el límite de esa libertad de expresión a proteger o quién decide sobre qué temas se pueden polemizar o sobre cuáles no? Es algo complicado.
¿Cómo se pueden prevenir los malos comportamientos en las redes sociales?
—Nunca se van a poder prevenir. Las redes sociales se han convertido en una válvula de escape para las frustraciones de muchas personas, pero sí podemos limitar su alcance si vacunamos a la sociedad con formación y concienciación.
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El hecho de que en algunas plataformas los usuarios puedan ocultar su verdadera identidad ¿estimula de algún modo el envío de mensajes ilícitos?
—Es el principal estímulo para las conductas inapropiadas o delictivas, la falsa sensación de seguridad e impunidad que creen tener; y digo falsa porque cada vez los usuarios están menos dispuestos a soportar ese tipo de actitudes y acuden a especialistas para que les ayuden a descubrir quién se esconde detrás de un perfil que difama a su organización, a su persona o a su familia, para llevarlos ante la justicia.
Es la parte más gratificante de mi trabajo, cuando a los usuarios que reclaman les podemos facilitar pruebas o indicios de quién está detrás de los insultos, calumnias o difamaciones hacia su persona o empresa.