Guadalajara.— Legislar las redes sociales es posible y deseable, señala el académico del Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara, Juan Villalobos Revello, quien indica que la discusión sobre una posible normatividad en el tema no sólo debería abarcar la libertad de expresión, también los modelos de negocios de los gigantes de la tecnología.
¿Es posible la regulación en las redes sociales?
—Se está legislando en otras partes del mundo. Se hizo en Europa cuando se legisló el derecho al olvido, fue un pleito muy grande con Google, y ahora se está legislando en Australia para que los gigantes de la tecnología paguen por el contenido de los servicios informativos o paguen a los periódicos por el contenido que reproducen en sus plataformas. En Estados Unidos se está buscando legislar a los medios sociales respecto a los discursos y libertad de expresión.
¿Es deseable regular estos medios digitales?
—Es deseable porque, como cualquier otra empresa que obtenga un beneficio de la sociedad, sobre todo uno económico tan grande, como es el de las redes sociales, hay que proteger a la ciudadanía de cualquier práctica que pudiera atentar contra su seguridad, su privacidad o su reputación.
Las empresas de medios sociales, como cualquier otra compañía que busque hacer dinero a partir de ofrecer sus bienes y servicios en la sociedad, no puede llevar a cabo sus negocios de manera totalmente libre, debe existir una regulación, y esto existe en todas las industrias.
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En el caso de las redes sociales hay asuntos que preocupan desde hace mucho tiempo, como el acceso a datos personales, suplantación de identidad, derecho a la desconexión o al olvido, que son problemas que se han agravado mucho precisamente porque el funcionamiento natural de los servicios de internet es muy veloz. Los cambios suceden de manera muy rápida y es difícil ponerse al día en los aparatos legislativos para, primero, entender cómo funcionan los medios sociales y las empresas de tecnología y, después, poner reglas claras para que no se afecte a los consumidores.
¿Qué opina de la propuesta del senador Monreal?
—Lo que veo es que se busca tener un arbitraje justo respecto a la censura que podría venir directamente de las empresas.
Lo que entiendo es que tenemos que cuidar que las empresas que ofrecen servicios en medios sociales no decidan quién puede hablar y quién callar.
Si la propuesta pretende proteger el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, entonces es algo positivo, porque una empresa privada que nadie eligió no tiene el derecho a decidir quién se puede expresar y quién no, eso presenta grandes riesgos para la libertad de expresión de una sociedad.
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Es diferente hablar de reglas claras en la libertad de expresión a promover el discurso del odio o la denigración en redes. Desde luego ya todas las empresas de medios sociales tienen reglas de convivencia y son muy específicas acerca de qué se puede decir a través de una red y qué no, pero sí es importante que exista un tercer involucrado en esta situación, para que se puedan dirimir estas controversias.
Por ejemplo, si alguien está expresando un discurso de odio, si está denigrando o si está difundiendo noticias falsas, entonces sí es adecuado que el medio social suspenda la cuenta, pero también, y esto es en el espíritu más democrático posible, es importante que el usuario que se sienta atropellado en sus derechos pueda recurrir a una instancia que analice si realmente estaba difundiendo o no un discurso de odio o noticias falsas, porque ahorita puede estar sucediendo de una manera muy clara y autorregulada por los usuarios, pero en un momento de efervescencia política, como puede ser el mexicano, las lealtades pesan.
Entonces, si una empresa de medios sociales tienen determinada preferencia por un movimiento político y no se le limita en cuanto a censura, corremos el peligro de que en ese medio social se empiecen a censurar cuentas que no correspondan a los ideales políticos que la empresa considere adecuados.
Para eso se necesita que haya una protección para el ciudadano en términos de libertad de expresión. Es muy claro lo que es difundir discurso de odio y noticias falsas.
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En México ya tuvimos un ejercicio muy interesante con Verificado. Se puede exponer al usuario que difunda noticias falsas, como también se puede exponer al medio social o a la empresa de tecnología que esté censurando de manera unilateral y por intereses particulares al discurso que no les convenga. Entonces, sí debe haber un árbitro que dirima diferencias.
¿Es viable que el IFT otorgue permisos de operación a las redes con más de un millón de usuarios?
—Es la parte de la propuesta que no tiene mucho sentido. Lo que debe ocurrir es: ya existe una empresa que estableció sus reglas de operación o de comunidad y entonces sería bueno que el IFT [Instituto Federal de Telecomunicaciones] o quien vaya a ser el árbitro las conozca y no que sirvan para permitir o no la operación de la empresa en México. Son dos cosas distintas.
No debería ser facultad del IFT decidir cuáles son las reglas de convivencia que establece el ente privado para prestar sus servicios, pero sí debería haber un ente que legislara sobre lo que es libertad de expresión, discurso de odio, cuidado a la reputación y que, según esa legislación, se dirimieran los conflictos.
La situación aquí es que sí es una iniciativa necesaria, yo opino que está saliendo de manera oportunista dada la polémica que ocurrió con la cancelación de las cuentas de Donald Trump, pero no considero que sea una legislación que se haya discutido lo suficiente, aunque creo que es necesario que entendamos que es muy pero muy peligroso dejarle a una empresa privada, que nadie eligió democráticamente, que decida qué es discurso de odio o que decida a quién debe censurar o no.
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En una democracia es mejor tener a la vista a quien difunde el discurso de odio, pues ya sabemos quién es y ya sabemos cómo opera y cómo piensa, a ocultarlo.
Eso fue lo que sucedió en Estados Unidos. La gente que tenía una identidad más acorde a Donald Trump tuvo que quedarse callada por muchos años en los medios y fue un detonador fundamental para que ellos pudieran esparcir su discurso de odio en la llegada del republicano a la presidencia. Es mejor saber quiénes son, verlos, conocerlos y exhibirlos a estarlos censurando, porque una persona peligrosa que además está oculta se vuelve mucho más peligrosa para la sociedad. Debemos saber quién es quién, vernos las caras, conocer nuestras posiciones y que la reglamentación venga de un ente democrático.
¿Qué otros aspectos deberían legislarse en redes sociales?
—Lo que está ocurriendo en Australia me parece una propuesta buena: los gigantes de la tecnología deben pagar por un contenido que no generan, pero que aprovechan para monetizar. Es como cuando Facebook utiliza los contenidos que produce, por ejemplo, EL UNIVERSAL, y no paga por ellos aunque le sirvan para mantener usuarios en su plataforma y extrae de ellos datos personales, como hábitos de consumo, que es lo que más les importa.
Todo el dinero que invirtió EL UNIVERSAL está sirviéndole a Facebook para que monetice los datos y las preferencias. Si los medios están pasando por dificultades económicas, sería justo que los gigantes de la tecnología paguen por un servicio que están usando para monetizar.