En medio de la creciente polarización que afecta a Latinoamérica, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, defiende la importancia del multilateralismo y la democracia, y expresa su preocupación particular por lo que está ocurriendo en Nicaragua, a la vez que advierte que en Venezuela se necesita “una hoja de ruta elegida por los venezolanos”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ramdin también habló sobre un problema que aqueja a toda la región de América: el narcotráfico, y advirtió que no puede enfrentarse únicamente “con operaciones de seguridad”.

A más de un año de estar al frente de la OEA, ¿a qué retos se sigue enfrentando y cómo se fortalece el organismo hoy en día?

— El principal desafío sigue siendo fortalecer la confianza en la OEA y demostrar, mediante resultados, el valor del multilateralismo. En un hemisferio altamente polarizado, necesitamos que la organización sea un espacio de confianza donde los Estados puedan interactuar, en unidad, mediante un diálogo respetuoso y buscar soluciones conjuntamente, incluso cuando mantengan puntos de vista diferentes. Tenemos que entender que a veces necesitamos estar de acuerdo o no.

Hemos emprendido una reforma institucional de gran alcance: redujimos más de 360 mandatos activos a 77 prioridades, ahora vinculadas a un Plan Estratégico y al presupuesto; hemos reducido la fragmentación interna y hemos mejorado la coordinación entre las diferentes áreas de la organización. También estamos modernizando los procesos y fortaleciendo la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Qué piensa de la iniciativa del Escudo de las Américas, se logrará el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y cuál será su impacto en derechos humanos?

— El objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional no está en cuestión. Es una amenaza compartida que ningún país puede enfrentar eficazmente por sí solo. Toda iniciativa hemisférica debe basarse en la cooperación, el respeto a la soberanía, el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. La seguridad y los derechos humanos no deben presentarse como objetivos incompatibles.

Necesitamos herramientas más eficaces para los Estados porque las organizaciones criminales no respetan fronteras ni leyes; pero esas herramientas deben ir acompañadas del debido proceso, la supervisión institucional y la rendición de cuentas. Tampoco se puede combatir el narcotráfico únicamente mediante operaciones de seguridad. Debemos abordar toda la cadena —producción, tránsito, financiación y demanda— al tiempo que ofrecemos oportunidades a los jóvenes para reducir la capacidad del crimen organizado de reclutarlos.

¿Cómo se puede abordar la situación de Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega decidió borrar a la oposición de las elecciones?

— El derecho de cada ciudadano a elegir libremente a su gobierno es un principio fundamental del Sistema Interamericano. Si se priva de ese derecho, no estamos tratando únicamente con un asunto interno, estamos ante un problema regional y una violación de un principio democrático esencial. Nicaragua ya no es formalmente miembro de la OEA, pero sigue formando parte de la geografía de las Américas. Lo que sucede allí tiene consecuencias no sólo para sus ciudadanos, sino también para los países vecinos y, no menos importante, para la estabilidad regional.

No creo que sea útil limitar nuestra respuesta a condenas repetidas. Necesitamos acción y consenso político entre los Estados miembros sobre las medidas concretas que pueden adoptar, tratando siempre de garantizar que cualquier presión sea focalizada y no termine perjudicando a la población. Al mismo tiempo, debemos mantener abierta la posibilidad del diálogo y de una vía pacífica hacia elecciones legítimas, libres, creíbles y sin miedo, en las que la OEA pueda desempeñar un papel decisivo.

¿Le preocupa la polarización que están evidenciando los comicios en América Latina?

— La polarización es una de las mayores preocupaciones que enfrentan nuestras democracias. Cuando la política se convierte en una confrontación entre posiciones irreconciliables se debilitan la confianza pública, las instituciones y la capacidad de gobernar. Las elecciones deben ser procesos en los que todos puedan participar libremente y sin miedo, y en los que las reglas y los resultados legítimos sean respetados por todos los sectores. La respuesta no puede ser más polarización. Necesitamos recuperar nuestra capacidad de entablar un diálogo, escuchar a los demás y aceptar que en una democracia podemos estar de acuerdo o en desacuerdo.

¿Cómo ve el diálogo que se inició en Venezuela, que sólo involucra a una parte de la oposición?

— Todo diálogo que contribuya a encontrar soluciones pacíficas es positivo. Pero una solución duradera debe ser suficientemente inclusiva. Nuestra posición constante ha sido que todos los actores relevantes deben ser escuchados e involucrados: el gobierno, los diferentes segmentos de la oposición y la sociedad. Venezuela necesita una hoja de ruta elegida por los venezolanos, una que genere confianza y ayude a crear las condiciones para avanzar hacia instituciones democráticas sólidas y elecciones libres, justas y creíbles. Es esencial que el proceso sea dirigido por los venezolanos, y que todos los venezolanos puedan hacerlo suyo. La OEA está preparada para contribuir y brindar el apoyo necesario.

¿Qué significa que a la líder de la otra parte de la oposición, María Corina Machado, no se le permita regresar a Venezuela?

— El principio es claro: una democracia requiere espacio para que diferentes fuerzas políticas participen y se expresen libremente. Si buscamos una solución sostenible para Venezuela, el proceso debe generar confianza entre los diferentes sectores. Excluir a actores relevantes dificulta esa tarea.

Un tema que impacta a toda la región es la migración, que el presidente de Estados Unidos ha enfrentado con deportaciones. ¿Cómo se puede resolver este fenómeno y cómo puede apoyar la OEA?

— Mientras persistan la inseguridad, el crimen organizado, la pobreza, el desempleo y la falta de perspectivas para los jóvenes, continuarán las fuertes presiones migratorias. Los Estados tienen derecho a gestionar sus fronteras y hacer cumplir sus leyes de inmigración, pero siempre con respeto por los derechos humanos, el debido proceso y la dignidad humana. Las deportaciones o los controles fronterizos pueden responder a una situación inmediata, pero no abordan las causas estructurales de la migración.

La Organización de Estados Americanos ayuda reuniendo a los gobiernos, bancos de desarrollo y el sector privado para promover la seguridad, inversión, empleo, educación y oportunidades. Si las personas pueden construir vidas dignas y seguras en sus comunidades, la migración forzada disminuirá.

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