La Asamblea Nacional (Parlamento) de aprobó este martes por unanimidad la ley de reparación a familiares de víctimas de feminicidio, según la cual el Estado deberá comprometerse a prestar recursos para garantizar acompañamiento y reparación integral, efectiva y transformadora a los allegados.

Con los 128 votos a favor de los legisladores presentes, y sin votos en contra, en blanco o abstenciones, la ley se remitirá ahora al presidente para su promulgación en el registro oficial o su veto (objeción) parcial o total, lo que haría que la norma vuelva a ser tratada en el Legislativo.

La asambleísta del conservador Partido Social Cristiano (PSC) Dallyana Passalaigue, quien presentó esta propuesta legislativa en 2022 junto a organizaciones de la sociedad civil, celebró la aprobación en su perfil de X y expresó que “el Estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad de acompañar y contener a las familias de las mujeres que no pudo proteger de la violencia”.

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El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, también reconoció el trabajo de los legisladores y resaltó la participación de las nueve organizaciones sociales de mujeres y familias en la elaboración de esta ley.

Organismos de derechos humanos y en defensa de los derechos de las mujeres, como la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), la Fundación Sukurna o la Fundación Legātum dedicaron este logro a las madres de las víctimas de femicidio por su incansable lucha.

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De ratificarse esta ley por el jefe del Estado, los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad podrán acceder a asistencia sanitaria y psicológica, servicios gratuitos de asesoría jurídica con perspectiva de género, así como apoyo en vivienda, trabajo y educación.

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Ademas, los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio y otras muertes violentas por razón de género tendrán la posibilidad de prescindir del apellido del padre feminicida si así lo desean, para identificarse sólo con el de la madre.

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Según datos oficiales del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, desde el año 2014 hasta el 31 de marzo de 2024 se registraron 740 feminicidios en el país andino. Y el pasado año fue el que más casos de asesinatos por razones de género contabilizó, al representar el 14,48 % del total.

A partir de ahora, de ratificarse esta ley también se realizará un seguimiento del número de huérfanos y huérfanas de víctimas de feminicidio.

En la elaboración de la ley se escucharon las peticiones de defensoras de los derechos humanos, la sociedad civil y se prestó especial atención a familiares de las víctimas de feminicidio. También se recibió a expertas y docentes universitarias, y se desarrollaron mesas técnicas con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

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Sin embargo, el colectivo de madres cuyas hijas fueron asesinadas por razones de género presentes en la votación de la ley advirtieron de que estarán vigilantes de su efectividad real y de que se cuente con los recursos económicos suficientes para su implementación.

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jf/mgm

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