Miami. Los casos de niñas migrantes embarazadas enviadas a San Benito, Texas, han desatado la preocupación de ONG, que han salido en su defensa.
Una investigación realizada por The Texas Newsroom y The California Newsroom revela que, desde julio de 2025, el gobierno de Donald Trump ha concentrado a las menores migrantes no acompañadas que llegan embarazadas en un solo albergue del sur de Texas, un estado con cuna de las prohibiciones sobre el aborto más duras del país, que no contempla excepciones por violación o incesto.
Angie Salazar, directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), firmó el 22 de julio de 2025 la instrucción para “enviar a cualquier menor embarazada” al programa de San Benito.
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“Estamos muy preocupados porque los médicos se van a negar a hacer abortos” en los casos que se les solicite, “por el simple temor a ser procesados”, alertó Sarah Corning, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en declaraciones a EL UNIVERSAL.
La regla final del programa de menores no acompañados publicada en 2024 dice que la ORR debe hacer “esfuerzos razonables” para facilitar servicios médicos que requieren intervención reforzada, “incluido el acceso al aborto”, si la menor lo solicita. La misma regla añade que el personal federal no debe impedir el acceso al aborto legal y que, cuando sea apropiado, puede trasladar a las menores a Estados donde el aborto sea lícito. La ACLU asegura que “si una menor está en un albergue en un estado con prohibición y pide abortar, la agencia federal debe transferirla a un estado donde el aborto sea legal”.
Desde mediados de julio, más de una decena de menores embarazadas han sido trasladadas al albergue de San Benito. Algunas de ellas, de acuerdo con las investigaciones tienen apenas 13 años de edad y al menos la mitad de las que han sido llevadas allí quedaron embarazadas como resultado de violaciones.
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El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos rechaza que los traslados tengan que ver con una intención de impedir que las menores interrumpan sus embarazos.
Pero ONG y exfuncionarios afirman lo contrario y subrayan el historial de Texas en la prohibición del aborto. Advierten que el área de San Benito, en el Valle del Río Grande, tiene acceso limitado a atención obstétrica de alta especialidad.
La doctora Blair Cushing dijo en redes que “para quienes vivimos en el Valle, resulta especialmente preocupante que esta situación se aproveche de las dificultades que aquejan a la región para exponer deliberadamente a adolescentes ya de por sí extremadamente vulnerables a las peores circunstancias posibles”.
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“Esto tiene que ver al 100 % y exclusivamente con el aborto”, dijo a la emisora pública NPR Jonathan White, un veterano funcionario federal de salud que dirigió el programa de menores no acompañados de la ORR durante parte del primer mandato del presidente Donald Trump. White, que se jubiló recientemente del gobierno, recordó que la administración intentó sin éxito restringir el acceso al aborto de las menores no acompañadas en 2017. “Ahora están poniendo en marcha con total naturalidad lo que la última vez lucharon con uñas y dientes por conseguir y no lograron”.
Rachana Desai Martin, del Centro por los Derechos Reproductivos, dijo que “las adolescentes embarazadas, incluidas sobrevivientes de agresión sexual, están siendo atrapadas deliberadamente en lugares donde no pueden acceder a un aborto si lo desean”. Asegura que todo esto se trata de una decisión consciente de ubicación territorial para reducir el margen de elección de niñas que dependen por completo del gobierno estadounidense para moverse, recibir atención y salir del encierro.
Por lo pronto, la ACLU y el Centro Nacional de Derecho Juvenil ya reaccionaron legalmente; las dos organizaciones presentaron en marzo una solicitud de acceso a la información para obtener documentos sobre el trato del gobierno a las menores embarazadas bajo custodia federal. Brigitte Amiri, de la ACLU, confirmó a EL UNIVERSAL que “todas las jóvenes migrantes no acompañadas, sin excepción, deben poder acceder a todo tipo de atención en materia de salud reproductiva, incluido el aborto”.
Planned Parenthood sostiene que “estas niñas, algunas de apenas 13 años, atraviesan embarazos de alto riesgo y necesitan atención especializada, incluido el acceso al aborto”. Estas menores “son pacientes en riesgo, el embarazo en adolescentes muy jóvenes ya es clínicamente delicado por sí mismo; si además llega tras una violación, sin atención prenatal suficiente, con posibles infecciones y bajo detención, el cuadro se vuelve todavía más grave” asegura a este diario la ONG proaborto más grande de la Unión Americana.
En un comunicado, la ACLU y el Centro subrayaron que algunas jóvenes descubren que están embarazadas durante el examen médico inicial en el albergue y muchas llegan después de haber sufrido violencia o abuso durante el trayecto. En otras palabras, “no se trata de adolescentes cualquiera en una red ordinaria de cuidados, sino de menores golpeadas por migración forzada, trauma y, en varios casos, violencia sexual”, dice Mishan Wroe, del Centro Nacional de Derecho Juvenil.
La Comisión de Mujeres Refugiadas y Physicians for Human Rights han documentado testimonios de mujeres embarazadas bajo custodia migratoria que hablaron de negligencia médica, falta de comida suficiente, esposas, aislamiento y abortos espontáneos sin atención adecuada. Human Rights Watch añadió que el Departamento de Seguridad Nacional informó a senadores que entre el 1 de enero de 2025 y el 16 de febrero de 2026 fueron deportadas 363 mujeres embarazadas, en posparto o lactantes y que se registraron 16 abortos espontáneos en detención hasta fines de septiembre de 2025. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la ORR no son el mismo sistema, pero comparten un dato brutal: el embarazo bajo custodia migratoria no significa más protección, sino más exposición y riesgo.
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Según el medio KUT, varias de las niñas en San Benito ya dieron a luz y siguen detenidas con sus bebés. La norma federal de 2024 dice que la agencia debe priorizar colocar y mantener juntas a la menor madre y a su hijo “en interés de la unidad familiar”. Eso evita, al menos en el papel, una separación automática. Pero no elimina el problema de fondo: una adolescente puede pasar de ser menor embarazada en custodia a ser madre en custodia, con un recién nacido dentro del mismo circuito estatal.
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