Morir en guerras ajenas

Desde Sudán, una de las naciones más golpeadas por las guerras, las epidemias y la miseria en África, llegó la noticia de que al menos 22 exmilitares colombianos murieron como mercenarios.

Que llevamos años exportando mercenarios quedó perfectamente ejemplificado en julio de 2021, con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, por el que hay 18 exmiembros del Ejército colombiano presos en la isla y en EU. Pero situaciones como la de Sudán o la de Ucrania, donde las tropas rusas periódicamente muestran a sus presos colombianos en las peores condiciones, para tratar de desmoralizar a la legión extranjera que lucha contra la invasión a cambio de un sueldo y de promesas de ciudadanía europea, sí son señal de que el mercado se viene moviendo con mayor intensidad y menores escrúpulos en los últimos años.

Escenario del conflicto armado más largo del hemisferio occidental, Colombia logró en los últimos 20 años consolidar unas fuerzas militares y una policía que tienen renombre entre las más preparadas del mundo, como que fueron capaces de voltear el curso de una guerra que venían ganando las FARC, los paras y los narcos que a la vez eran los financiadores y se lucraban, como lo siguen haciendo ahora, de ambos bandos.

Entrenados y reentrenados por Estados Unidos, centenares de esos “comandos” y pilotos —y también muchos soldados profesionales curtidos en los años de la guerra con las FARC— llegaron a la edad de retiro, sobre todo en la última década. Otros se fueron por su cuenta, tentados por ofertas económicas para prestar sus servicios en el extranjero o a empleadores privados. Y lo que se puede decir en todos los casos es que el Estado, que los entrenó hasta convertir a muchos de ellos en máquinas mortales, no tiene el menor control sobre lo que hacen una vez se produce la baja.

Claramente, existe una deuda de toda la sociedad con esos miles de colombianos que llevaron con honor el uniforme y las armas de la nación y que aún jóvenes salen pensionados, las más de las veces en condiciones económicas difíciles. La ley de los veteranos aprobada en 2019 es un paso en el camino correcto para ir saldando esa deuda. Pero el nivel de preparación para la guerra de esta población y los mercados que siempre están dispuestos a pagar por sus habilidades —siempre rondan los capos que quieren sus ejércitos personales— fuerza a que el Estado haga un seguimiento periódico a sus actividades, como pasa en EU y otras naciones reconocidas por el alto entrenamiento de sus tropas.

No hacer nada frente a esta realidad mantiene abierto un peligroso boquete sobre la seguridad de los ciudadanos y del país y de eso deben ser conscientes todos los funcionarios.

Editor de El Tiempo X: @JhonTorresET