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San José.— La salvadoreña Imelda Cortez, de 20 años, quedó libre ayer al ser absuelta por un tribunal de El Salvador del delito de tentativa de homicidio agravado por sospechas de aborto, tras un juicio de un día que se realizó ayer ante la expectativa nacional e internacional, luego de permanecer presa durante casi 20 meses.
En un caso que encendió el debate sobre el aborto en El Salvador —donde está penalizado en todas sus formas, sin importar si la vida de la madre está en peligro—, Cortez salió en libertad de un tribunal en el suroriental departamento de Usulután y, en compañía de su madre y de su hija, ahora de 20 meses, se dirigió a su casa para iniciar un proceso de recuperación con respaldo sicológico.
Cortez quedó embarazada en 2016, cuando tenía 18 años, pero ella nunca supo que estaba esperando un hijo producto de las violaciones de las que fue víctima por parte de su padrastro desde que tenía 12. El hombre, Pablo Henríquez, ahora de 71 años y ya encarcelado, negó los cargos.
La joven sufrió un intenso sangrado en abril de 2017 y dio a luz de urgencia en la letrina de su casa. La bebé sobrevivió. Inconsciente, la madre fue llevada por sus parientes a un hospital, donde una médico residente de turno alertó a la policía sobre la sospecha de aborto.
La joven, entonces de 19 años, fue apresada y acusada de homicidio agravado en grado de tentativa.
El tribunal adujo que Cortez nunca pudo haber intentado asesinar a la bebé porque se desmayó y jamás estuvo en capacidad de cometer el delito que se le atribuyó, y por el que corrió el riesgo de ser condenada a 20 años de cárcel.
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Al iniciarse ayer el juicio, la defensa de Cortez intentó que la Fiscalía General modificara el delito al de abandono y desamparo, pero esa opción quedó descartada porque el tribunal absolvió a la joven.
El fallo fue recibido con satisfacción por organizaciones y activistas de derechos humanos: “El caso constituye un buen precedente jurídico, criminológico y social, en el que se absuelve a una mujer que ha sido víctima” de violación y de un sistema judicial que criminaliza y es “injusto”, apuntó La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.
El caso de Cortez se ha vuelto emblemático de la lucha de las salvadoreñas en contra de las estrictas leyes que rigen su vida sexual y reproductiva. El Salvador es uno de los cinco países en el mundo donde el aborto está completamente prohibido, sin importar si el embarazo fue por incesto o violación, en circunstancias de peligro a la salud de la madre o de inviabilidad del feto por malformaciones incompatibles con su vida.
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La defensa de Cortez evalúa demandar al Estado por los daños a la joven.
***Con información de agencias
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