Pinchazos en Transporte público: diputada del PRI propone sanciones con hasta 7.5 año de cárcel

La diputada local del PRI Tania Larios propuso tipificar por oficio los pinchazos en el transporte público y sancionarlos con hasta 7.5 años de prisión.

La legisladora presentó una iniciativa para modificar el Código Penal local y crear el tipo penal de ’Sumisión química por pinchazo’ para sancionar a quien introduzca, sin consentimiento de la otra persona, un instrumento con punta aguzada en un tejido, órgano o cavidad del cuerpo humano con la intención de drogarla, debilitarla y facilitar la comisión de otros delitos en su contra.

Quien caiga en esta conducta sería castigado con una pena de seis meses a cinco años de prisión, las cuales se incrementarán a la mitad cuando la víctima sea una mujer o pertenezca a grupos vulnerables, y cuando este ilícito se cometa a bordo de un vehículo particular o el transporte público, como el Metro o Metrobús.

Recordó que la Fiscalía capitalina ya inició carpetas de investigación por pinchazos en el Metro, Metrobús y hasta en el Pumabús. Asimismo, destacó que la falta de tipificación específica para este delito deja en indefensión a la ciudadanía, pues se obstaculiza su sanción efectiva.

“Tipificar este delito permitirá a las autoridades contar con un marco jurídico claro para investigar y sancionar a las y los agresores, y fortalecerá las estrategias de prevención y protegerá de manera directa a las víctimas”, sostuvo desde tribuna.

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La legisladora refirió que el fenómeno del needle spiking o sumisión química por pinchazo representa una expresión contemporánea de la violencia de género, ya que afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes, quienes son agredidas en espacios públicos o recreativos mediante la inyección no consentida de sustancias químicas, generalmente con el propósito de debilitarlas, someterlas o facilitar la comisión de otros delitos, como violencia sexual o robos.

Esta práctica se inscribe en un patrón estructural de violencia contra las mujeres, donde se perpetúan relaciones de poder que buscan controlar, vulnerar o anular su autonomía sobre el propio cuerpo.

Detalló que el needle spiking no puede entenderse únicamente como una agresión física o delito contra la salud, sino también como una forma de violencia simbólica y sexual, dado que la administración de una sustancia sin consentimiento invade profundamente la esfera de la integridad personal y la libertad sexual.

Además, refuerza un clima de miedo y control social que limita la participación de las mujeres en espacios públicos y de entretenimiento, reproduciendo dinámicas de exclusión y autocensura.

“Este fenómeno, por tanto, debe abordarse con perspectiva de género, a efecto de que se reconozcan las condiciones de desigualdad, discriminación y riesgo diferenciado que enfrentan las mujeres. Además, el impacto psicológico en las víctimas es considerable, ya que muchas desarrollan síntomas de ansiedad, miedo, estrés postraumático y aislamiento social, agravando los efectos de la violencia y dificultando su recuperación emocional”, aseveró Tania Larios.

LL