Integrantes de la comunidad otomí que ocupan el edificio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y mantienen cerrada la circulación de avenida México-Coyoacán desde el 11 de octubre acusaron que personal del Gobierno capitalino los intentó desalojar con violencia y solicitaron una mesa de trabajo con el jefe de Gobierno, Martí Batres, para que expropie el inmueble y se construya vivienda.
Mantendrán el bloque en la vialidad hasta conseguir una mesa de trabajo con el mandatario.
Señalaron también que horas después del operativo que ocurrió en la madrugada de ayer en esa avenida, un grupo de motociclistas disparó en las inmediaciones del lugar, por lo que analizan si levantarán una denuncia formal, hecho que desconocieron las autoridades locales.
Por la tarde, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, afirmó que el operativo fue una acción para recuperar dicha vialidad, pues es una arteria fundamental para arribar al hospital de Xoco, y no un desalojo de las oficinas del INPI, pues se trata de un edificio del gobierno federal.
El secretario advirtió que durante el operativo, un grupo de unas 40 personas agredió al personal de servicios urbanos y de la policía con tubos, piedras, extinguidores, entre otros objetos, lo que derivó en 13 personas lesionadas: 10 policías y tres integrantes de servicios urbanos.
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