Una juez de Control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) adscrita al Reclusorio Norte otorgó la suspensión condicional del proceso a 61 personas de las 169 detenidas durante la rodada Tirando Terror CDMX en el barrio de Tepito y que fueron acusados de ataques a la vía pública y resistencia de particulares.
En audiencias realizadas el miércoles, la juzgadora Elizabeth Alejandra Flores Gaytán determinó que de los 62 imputados en la carpeta de investigación CI-FIVC/VC-3/UI-3/CD/647/03-2021, 61 fueran puestos en libertad al suspender el proceso en su contra, siempre y cuando no se ausenten del domicilio proporcionado y acudan a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares por un periodo de seis meses.
Sin embargo, uno de los imputados en el mismo expediente judicial 009/355/2021, identificado como Ángel Martín “H”, quedó en prisión al contar con una orden de aprehensión pendiente y la policía lo detuviera con un arma de fuego.
Al término de la audiencia, el abogado de dos mujeres, Paulo César Rosales Aldama refirió a EL UNIVERSAL que durante el desarrollo argumentó al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Rubén Tapié Ledesma, que no había pruebas suficientes para que los imputados continuaran en prisión.
Expuso que las dos jóvenes fueron detenidas por la policía de manera arbitraria pues no estaban participando en la rodada, ya que justo en el momento de la detención de los motociclistas, ellas iban pasando a bordo de una camioneta al lado de seis amigos, quienes fueron aprehendidos.
Comentó que la juez fijó un plazo de seis meses para la revisión de la medida, tiempo en el que la FGJ podrá continuar con la investigación, por lo que se citó para el 17 de septiembre de este año para una nueva audiencia.
Del resto de los imputados, autoridades no han precisado la situación jurídica.
En la edición de ayer, esta casa editorial informó que el Consejero Jurídico, Néstor Vargas, dijo a los familiares que se manifestaron en un evento de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que se solicitaría la suspensión condicional del proceso y, en algunos casos, la modificación de la medida, pero aquellos que portaban armas de fuego, permanecerían en prisión.