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Villa de Allende, Estado de México.- Al menos 150 mil habitantes de cinco municipios del Estado de México no cuentan con agua potable ; por esa razón, cada día deben cargar por hasta cinco kilómetros botes con 40 litros de líquido que sirvan para satisfacer sus necesidades.
Es la razón por la que mazahuas integrantes del Frente en Defensa de los Recursos Naturales, mantienen un plantón en las inmediaciones de la planta Potabilizadora de Berros y están dispuestos a cerrar las compuertas del Sistema Cutzamala , además de impedir el avance en la Línea 3 de esta infraestructura hasta que sus demandas sean resueltas; la principal: tener agua potable en sus viviendas.
La planta potabiliza 19 metros cúbicos por segundo
, de donde se extrae el recurso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para dotar a la Ciudad de México a través de 140 kilómetros de tuberías; sin embargo, los habitantes de Manzana de Zacatonal, Taborda, Sección Guadalupe, La Piedra y Dolores Vaquerías deben acarrerar diariamente cubetas con 40 litros de agua para solventar sus necesidades básicas como lavar, cocinar, mantener la higiene personal, entre otras.
Manuel Araujo, presidente del Consejo Directivo del Frente Mazahua en Defensa de los Recursos Naturales
, informó que el miércoles pasado sostuvieron una reunión con autoridades de la Conagua , quienes acordaron este viernes realizar un recorrido para documentar las afectaciones a los habitantes de los municipios de Ixtapan del Oro, Donato Guerra, Villa de Allende, Villa Victoria y San José del Rincón.
Araujo
amplió que desde el 2004 , demandaron a los gobiernos estatal y federal la dotación del recurso a las viviendas, pero a la fecha sus demandas no han procedido, ya que de entre la infraestructura edificada, más de 10 sistemas son inservibles, aunado a tuberías instaladas desde hace más de 10 años que no brindan servicio a la comunidad.
Entre las demandas también se encuentra el plan integral de Desarrollo Sustentable comprometido en el 2005, la dotación de agua para las comunidades, el pago de afectaciones que es de 20 millones de pesos anuales para los propietarios de las 300 hectáreas de siembra que ya no son útiles .
“Ahora los titulares de las dependencias involucradas aseguran que caducó el documento que acredita el compromiso con el gobierno federal y el estatal, pero los daños permanecen y son cada vez peores, esos no tienen fecha de caducidad ”, reclamó.
Dijo que en los años 80 firmaron con la comunidad un compromiso para dejar una partida presupuestal del 5% en un fideicomiso para Desarrollo Sustentable , además de señalar la expropiación de 50 hectáreas del Ejido de San Martín, Dolores Vaquerías y Salitre del Cerro , que deben ser restituidas porque pertenecen a los comuneros.
agv
