Diputado del PAN propone medidas contra el despojo de inmuebles; plantea crear registro de estructuras delictivas y restituir viviendas a víctimas

El diputado local del PAN Diego Garrido propuso la creación de un Sistema de Registro y Análisis de estructuras delictivas vinculadas con el delito de despojo.

Durante la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso local, el legislador promovió reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que la Jefatura General de la Policía de Investigación implemente, administre y mantenga actualizado este Sistema de Registro y Análisis que permitirá recopilar, procesar, sistematizar, analizar y vincular información que permita identificar grupos, organizaciones, células o bandas delictivas con mismos patrones de actuación, relaciones y coincidencias relevantes para la investigación del delito de despojo.

Este Sistema contaría, entre otras cosas, con la identificación y vinculación de carpetas de investigación relacionadas con el delito de despojo, así como el registro diferenciado de órdenes de aprehensión dictadas, medidas cautelares y sentencias definitivas; también incluiría los patrones de actuación, modos de operación, mecanismos de ocupación, apropiación, transmisión o disposición de inmuebles y demás circunstancias comunes identificadas en las investigaciones; y un mapeo geográfico, con detalle de las zonas e inmuebles en los que se hayan identificado patrones o coincidencias vinculados con investigaciones por despojo.

“La información contenida en el Sistema tendrá carácter reservado y será utilizada exclusivamente para fines de investigación, persecución del delito, análisis criminal, prevención de la reiteración de conductas delictivas y coordinación institucional”, señala la propuesta turnada a comisiones para su análisis y posible dictaminación.

Asimismo, la diputada local del PT Jannete Guerrero propuso que a las víctimas de despojo se les restituya su vivienda, y que la posesión de un inmueble, que tenga su origen en despojo, no pueda considerarse válida.

“Con ello, se pretende avanzar hacia una protección integral del patrimonio, fortaleciendo tanto la recuperación de los inmuebles objeto de despojo como la seguridad jurídica sobre su propiedad y posesión, y evitando que conductas ilícitas puedan generar posteriormente efectos jurídicos favorables para quienes las realizan”, sostuvo.

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