Darán hasta 9 años de cárcel por fraude digital

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó castigar con hasta nueve años de prisión el delito del phishing o fraude digital a través de correos, mensajes o sitios web falsos.

La reforma avalada por unanimidad modifica el artículo 231 del Código Penal capitalino para castigar con una pena de tres a seis años de prisión a quien, mediante engaño digital consistente en la creación o uso de mensajes, páginas electrónicas, dominios, aplicaciones o cualquier otra interfaz tecnológica que simule ser legítima, induzca a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero o para causar un perjuicio.

Esta pena se incrementará hasta en una mitad cuando la víctima sea persona con discapacidad o persona mayor, o cuando, para su comisión, afecte a persona menor de edad.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, aceptó que actualmente la legislación local no aborda de manera explícita y suficiente los fraudes electrónicos, lo que deja un vacío legal que dificulta la persecución y sanción efectiva de los responsables.

“La iniciativa que estamos analizando y dictaminando busca tipificar el delito que se ha convertido en una de las amenazas más extendidas y dañinas para individuos, empresas y en una última instancia la estabilidad de nuestra capital: el fraude electrónico.

“El dictamen se refiere a la técnica de ingeniería de los ciberdelincuentes que lanzan un anzuelo digital utilizando una carnada fraudulenta para pescar información confidencial de las víctimas, se valen del engaño para hacerse pasar por entidades confiables, bancos proveedores de servicios, instituciones gubernamentales, a través de correos electrónicos, mensajes instantáneos, sitios web falsos o incluso llamadas telefónicas y mensajes de texto”, dijo.

La panista Olivia Garza de los Santos, promotora de esta iniciativa, comentó que el phishing no estaba tipificado de manera específica en la legislación local, lo que dificultaba su investigación y, sobre todo, su persecución.

“Lo que propusimos fue darles herramientas jurídicas a las autoridades y darle certeza a la ciudadanía para combatir este delito”, agregó.

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