Congreso de CDMX aprueba exigir al Metro rendir información sobre modernización de Línea 1; seguridad y eficiencia, la prioridad

El pleno del Congreso de la CDMX aprobó un punto de acuerdo, promovido por Morena, para exigirle al Metro informar a la ciudadanía sobre los trabajos de rehabilitación realizados en la Línea 1, y para garantizar la seguridad de los usuarios una vez que se reabra el tramo de Cuauhtémoc a Chapultepec.

Desde la tribuna, la coordinadora de las y los diputados guindas, Xóchitl Bravo, reiteró que la prioridad del Gobierno de la Ciudad de México ha sido, es y seguirá siendo la seguridad, la eficiencia y la dignidad en el transporte público, que incluye el servicio que otorga el Metro a millones de pasajeros diariamente.

“Vamos a hablar de lo más importante: la seguridad de las y los usuarios. La rehabilitación de la Línea 1 no es maquillaje ni mantenimiento menor. Se trata de una transformación integral de su infraestructura; sus sistemas eléctricos, electrónicos, hidráulicos y de control; de una renovación completa”, puntualizó.

Expuso que se ha salido a decir que fue alterado el contrato para la modernización de la línea rosa; que hubo sobrecostos y opacidad. Eso, agregó, es falso e incluso los ciudadanos pueden revisar los informes de finanzas.

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La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que para finales de abril se espera la reapertura de cuatro estaciones de la línea 1 del Metro. Foto: Yaretzi Osnaya / EL UNIVERSAL

“El contrato de modernización de la Línea 1 fue firmado en el 2020 por un monto total de 37 mil 374 millones 793 mil pesos. Este monto es incluso menor al aprobado originalmente por el Congreso de la Ciudad de México, que fue de 38 mil 734 millones 691 mil 404.80 pesos. Es decir, lejos de haber ampliaciones o sobrecostos, el contrato ha sido ejecutado con responsabilidad fiscal y absoluta transparencia”, aseveró.

Detalló que, durante los cuatro años de ejecución del contrato, el Gobierno capitalino ha pagado sólo mil 831 millones 910 mil pesos, y que el resto ha sido cubierto por el consorcio adjudicatario con inversión propia.

“Cuando hubo retrasos, el Gobierno no se quedó cruzado de brazos. Se impusieron penalizaciones por más de mil 522 millones de pesos al consorcio por incumplimientos. Y se seguirá sancionando cada demora atribuible a la empresa responsable. Porque aquí, en este Gobierno de la Transformación, no hay impunidad, ni omisiones. Hay legalidad, pero también hay consecuencias”, subrayó.

Este punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad.

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