Buscan enlazar bases de datos en beneficio de las mujeres

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, signó un primer documento con la presidenta del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero, el cual conjuntará esfuerzos de diversas instancias, entre estas, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud, con el propósito de enlazar bases de datos que permitan identificar a aquellas mujeres con riesgo de violencia feminicida para su mejor atención.

El segundo convenio lo firmó con la presidenta de Equis Justicia para la Mujer, Ana Hadzi Pecova, y con este mecanismo se pretende, entre otros aspectos, establecer un programa para favorecer el diálogo entre el TSJ local y las instituciones de la sociedad civil, tendente a d esarrollar una respuesta institucional ante los fenómenos de violencia de género.

Al enfatizar el compromiso del órgano judicial con las niñas y las mujeres para que vivan una vida plena de derechos, Pérez Juárez abundó que la coordinación, colaboración y el pluralismo de ideas entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para el diseño de proyectos que respondan a las necesidades de las mujeres, a fin de que, desde sus características y situaciones de vulnerabilidad, se construyan estrategias que les permitan desarrollar una vida plena.

“La firma de dos convenios que fortalezcan las estrategias a favor de la equidad de género y permitan que las niñas, las adolescentes y las mujeres ejerzan sus derechos integralmente es motivo de júbilo para esta casa de justicia”, reiteró el magistrado.

En el acto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, señaló en la ciudad hay un pendiente acerca de los altos niveles de violencia contra las mujeres.

Aseveró que la violencia contra las mujeres es una de las más atroces, y refirió que estudios señalan que seis de cada 10 han declarado haber sufrido violencia en las calles o el transporte público.

cg