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Hace unos días se dio a conocer el rechazo del Gobierno a la recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “Sobre el caso de la violación a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, la primera que emite esta Comisión a un acto de la actual administración.
Dicen que la forma es fondo. En este caso, si bien el rechazo a la recomendación y las descalificaciones de la subsecretaria Ariadna Montiel ya eran preocupantes, las expresiones del propio presidente López Obrador sobre dicha recomendación y las injurias en contra de la CNDH agravan el asunto y ponen de manifiesto el desconocimiento de este gobierno en materia de derechos humanos y el poco respeto que tienen a la autonomía de esta institución. El propio Ejecutivo Federal calificó como una vergüenza que la CNDH emitiera dicha recomendación y dijo que ésta, por si misma, viola los derechos humanos. Nunca en los 29 años de existencia de esta institución, un Presidente de la República la había agredido de esta manera.
Una vez más, estamos frente a un Presidente que manda al diablo a las instituciones cuando éstas cuestionan la legalidad de sus actos. En lugar de escuchar, el presidente pretende, sin éxito, matar a la CNDH. Lo mismo sucedió hace unas semanas que López Obrador canceló su participación en la entrega del informa anual de la Comisión. Ahora se niega a rectificar, a pesar de que hasta la fecha quitar los recursos al Programa de Estancias Infantiles sigue siendo la decisión más cuestionada de este gobierno, incluso por encima de la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Lo más grave es que atacar la recomendación de la Comisión no sólo daña a la misma sino que el principal daño se comete contra las víctimas cuyos derechos humanos fueron violados y que por la vía pacífica e institucional acuden a la instancia facultada para defenderlos.
Además, la secretaria de Bienestar acusa a la CNDH de haber sido omisa y encubrir a los gobiernos neoliberales en casos como el de Tlatlaya , Tanhuato y Ayotzinapa , lo cual es falso. Ante los tres casos, esta instancia, en pleno ejercicio de su autonomía, emitió recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, mismas que fueron aceptadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin que éste descalificara jamás a la institución. No sólo eso, en el caso de Ayotzinapa el ombudsman publicó un informe de más de 2 mil hojas, la investigación más amplia que dicha institución haya emitido en su historia.
Bienestar también acusa de omisión a esta comisión ante los sucesos de hace 10 años de la guardería ABC, dato que también es falso, pues en aquellos tiempos se emitió la recomendación 49/2009 que fue aceptada por el gobierno y durante años se ha acompañado a las víctimas para avanzar en su cumplimiento. De hecho, entre las medidas de no repetición que se tendrían que considerar conforme a la Ley General de Víctimas está la de garantizar lugares seguros para la atención y el cuidado de los niños. Con la decisión de cancelar el programa de estancias y dar el recurso directamente a las madres sin establecer condiciones homogéneas de capacitación y certificación del personal de los centros de cuidado infantil, así como medidas de supervisión, justamente se están privatizando estos servicios y permitiendo que surjan estancias patito sin ningún permiso para operar, poniendo en riesgo a los niños, lo cual va en contra de las medidas de no repetición. El modelo del Programa de estancias Infantiles no tiene nada que ver con el modelo de subrogación del IMSS al cual pertenecía la Guardería ABC, pero además es fundamental señalar que a partir de estos sucesos, las medidas de seguridad y los esquemas de supervisión de las estancias se fortalecieron de manera importante.
Bienestar dice que aceptar la recomendación “implica seguir permitiendo el robo de 1,049 millones de pesos al erario público”. ¿Donde está una auditoría que arroje como resultado este desvío millonario de recursos públicos o una sentencia judicial que lo sancione? ¿Porqué no se ha denunciado? ¿Porqué los funcionarios y las personas que participaron en esos actos no están en la cárcel ni tienen orden de aprensión? Una vez más este gobierno acusa corrupción sin ninguna prueba y con ello justifica dejar sin servicios de cuidado y atención a 330 mil niños. Además, cabe señalar que hasta hoy la dependencia no ha dado a conocer la lista de los 97,180 niños fantasmas que menciona. Por el contrario, la CNDH prueba que el censo levantado por Bienestar para el nuevo programa dejó fuera a parte importante de la población beneficiaria de las estancias infantiles. Incluso el INAI ha solicitado que se haga publica la información sobre irregularidades del programa ante diversas solicitudes de información a las que Bienestar ha hecho caso omiso.
Un 4% de estancias reportadas sin actividad según las cédulas de supervisión revisadas por Bienestar y mencionadas en su boletín, no justifica la cancelación de la principal política publica en materia de cuidado infantil. Las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación son escasas y sólo se refieren al 1.8% del presupuesto del programa. Pero además, la CNDH en su recomendación destaca la ausencia de un diagnóstico que respalde la decisión de cancelar esta política pública y los resultados favorables dados a conocer por CONEVAL como instancia evaluadora y concluye que esta decisión fue arbitraria y afecta a decenas de miles de familias y trabajadoras de estos centros. Por ello, solicita a Bienestar tomar las medidas necesarias que garanticen la restitución de los derechos que fueron violados a través de un mecanismo de cuidado infantil que garantice la progresividad de derechos, la seguridad del menor y también que fortalezca los mecanismos de control y rendición de cuentas y el buen uso de recursos públicos destinados a este fin.
Por último, Bienestar justifican la no aceptación de la recomendación con el argumento de que 188,060 padres y madres ya han recibido apoyos por 666.7 millones de pesos en 2019 derivado del nuevo programa de Bienestar. Si este nuevo esquema estuviera funcionando, no hubiesen cerrado ya al menos la mitad de las estancias infantiles que operaban en el país. Al respecto cabe señalar que la recomendación de la CNDH expone ampliamente las consecuencias negativas de la cancelación del programa que permitía a madres trabajadoras elegir la estancia para llevar a sus hijos dentro de una red de espacios seguros que cumplían con ciertos estándares para su operación y explica cómo esta decisión de sustituir el programa por uno de transferencias directas vulnera los derechos de la población beneficiaria y el interés superior de la niñez, pues la transferencia directa de recursos no garantiza que éstos se utilicen para cubrir el pago de servicios de cuidado infantil ni la existencia de espacios seguros para los niños. Por ello, el documento de la CNDH destaca la importancia de garantizar la progresividad de los derechos humanos destinando un monto por lo menos similar al que se otorgó en 2018 al Programa de Estancias Infantiles para asegurar la misma cobertura poblacional y geográfica.
Ante esta recomendación, el gobierno hace una defensa de su nuevo programa en la que sobrepone su ideológica al respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona y asegura que el nuevo esquema da libertad a los padres de elegir quien cuide a sus hijos, sin entender que el ejercicio de libertades lleva implícito el tener opciones de las cuales los padres carecen al cancelar los apoyos a las estancias infantiles. Simplemente el Estado se hace a un lado de esta responsabilidad, poniendo en riesgo a los niños y abriendo la puerta al surgimiento de estancias patito que no cumplen con ninguna norma.
Lo que es peor, en pleno desconocimiento de la labor de la CNDH, el Gobierno Federal la acusa de intromisión en tareas jurisdiccionales, sin entender que la Comisión tiene como papel fundamental acercar a la gente recursos que no requieren de formalidades procesales y que recurrir a esta comisión como lo hicieron en este caso las 5,340 personas agraviadas que interpusieron 204 quejas no cancela la posibilidad de ejercer otros recursos legales. Por ello, hoy se encuentran en proceso un número importante de amparos en distintos juzgados de las 32 entidades del país que llevan su propio curso y tendrán que resolver los juzgadores, pero ello no excluye al ombudsman de la facultad de determinar que hubo violación de derechos y recomendar al Ejecutivo Federal acciones específicas para resarcirlos, y esto lo hizo de manera propositiva y allegándose de información no solo por parte de los quejosos sino también de las distintas dependencias del gobierno que fueron recomendadas.
En conclusión, a todos nos compete insistir al Ejecutivo en la importancia de acatar esta recomendación, no sólo por resarcir los derechos de las víctimas y garantizar el interés superior de la niñez sino porque a todos nos conviene tener una CNDH fuerte, que sea escuchada y cuyas recomendaciones sean acatadas por las autoridades, a la que el día de mañana podamos acudir a solicitar la defensa de nuestros derechos.
