Tras masacre, revisan anexos de Irapuato

Irapuato, Gto.- Al realizar un operativo de revisión a los Centro de Rehabilitación llamados “anexos”, elementos de Seguridad aseguraron dos armas de fuego y cartuchos útiles en un establecimiento y detectaron condiciones insalubres en otros.

El operativo arrancó el lunes pasado con la participación de la Guardia Nacional , Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Territorial, quienes llegaron a los anexos de manera sorpresiva.

Tras la masacre de 27 personas en el anexo “Recuperando Mi Vida” ubicado en la comunidad de Arandas de Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez asumió el compromiso de trabajar en la regularización de los Centros de Rehabilitación para adictos, pues de acuerdo a sus registros sólo hay 3 anexos regularizados , 15 más están en proceso de ponerse en orden y 29 que funcionan al margen de la ley.

En las revisiones se requiere a los responsables de los anexos mostrar la documentación de uso de suelo , se revisan las condiciones de los inmuebles y permisos para operar como centros de rehabilitación.

En los procesos administrativos han encontrado desorden en las habitaciones, alimentos echados a perder y bandejas con desperdicios, y en un caso armas prohibidas y detenido a una persona, que fue puesta a disposición del Ministerio Público por la posesión de dos armas de fuego y cartuchos.

Tras masacre, revisan anexos de Irapuato

El gobierno municipal señaló que en el operativo conjunto para verificar que los Centros de Rehabilitación cumplan con los permisos para su funcionamiento, el encargado del Centro de Internamiento de Alcoholismo y Drogadicción de Irapuato (CIADI), ubicado en calle Nardo de Las Eras, entregó a la Policía Municipal de Irapuato dos armas de fuego que tenía resguardadas en este lugar.

La persona entregó de manera voluntaria una pistola calibre 9 milímetros de uso exclusivo del Ejército, un revólver y más de 80 cartuchos útiles.

El encargado del CIADI fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por la posesión de las armas, a efecto de que “se investigue de quién son las armas y si han sido utilizadas en la comisión de algún hecho delictivo”.