Pachuca.— A un mes de que fuera aprobada la iniciativa para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Hidalgo, grupos feministas reclaman que todavía no hay un protocolo que se apegue a las condiciones de las mujeres hidalguenses, al tiempo que diputados locales buscan detener su aplicación.
Desde la entrada en vigor de la ILE, la agrupación Di Ramona ha canalizado dos casos de mujeres interesadas en interrumpir su embarazo, además de que les han solicitado información de manera recurrente sobre los protocolos para acudir a los servicios de salud.
En Di Ramona se trabaja sobre derechos sexuales y en acompañamiento de mujeres que buscan acceder a un aborto seguro. Daniela Téllez, directora ejecutiva de esta organización, señala que se tenía una deuda con las mujeres hidalguenses, ya que ocupan el tercer lugar a nivel nacional en acudir a la Ciudad de México para interrumpir el embarazo. Hasta diciembre de 2020, el número de casos ascendía a mil 263.
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Pero a la capital sólo iban las mujeres con mayor poder adquisitivo, quienes no sólo podían costear el viaje, también acceder a toda la información necesaria para ello.
En el desamparo, señala la activista, quedan las jóvenes que no cuentan con recursos y quienes habitan en comunidades alejadas y marginadas.
A un mes de que los diputados de esta entidad aprobaran la iniciativa presentada por diputados de Morena, la directora de Di Ramona afirma que aún no hay un protocolo que se apegue a las condiciones sociales y de salud de las hidalguenses, ya que la Secretaría de Salud estatal trabajará con el protocolo federal. Comenta que apenas el pasado viernes 30 de julio tuvieron una mesa de trabajo con directivos de esa institución, quienes les informaron que por el momento la disposición para atender la interrupción de un embarazo se realizará para el caso de Pachuca, pero únicamente en los hospitales General y Obstétrico; los Centros de Salud no podrán atender estos casos.
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Unidades especiales
El secretario de Salud de esta entidad, Efraín Benítez Herrera, asegura que trabajan para poner en marcha una Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, la cual entrará en función este año, y dos más en 2022.
Con esto, reitera, se busca garantizar que las hidalguenses tengan acceso de manera libre y gratuita a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, como marca la ley.
“Tendremos una unidad que va a contar con todos los servicios. Las mujeres iban hasta la Ciudad de México y, bueno, ya no es lo mismo acudir hasta allá que a la mitad del camino. Puede ser en Pachuca y la siguiente en Tulancingo y la otra en Tula”, expuso el funcionario.
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Destaca que en estos momentos ya se cuenta con la infraestructura y el personal no objetor de conciencia para poner en marcha la unidad, que se ubicará en lo que era el antiguo Hospital del Niño, conocida ahora como Unidad Arista.
En este lugar se buscará dar una atención integral, en la que no sólo se ejecute el procedimiento de interrumpir el embarazo, también brindar asesoría reproductiva para todos.
Buscan detener la ley
En este contexto, 10 diputados del PAN, PRI, PESH, PT y Nueva Alianza presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad con la que pretenden echar abajo la ley, con el argumento de que no se les permitió votar en el pleno el día que se llevó a cabo.
El recurso fue presentado por el panista Asael Hernández.
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