, joven saxofonista originaria de Oaxaca y sobreviviente a un intento de feminicidio , mediante un ataque con ácido, protestó esta mañana a las afueras de Palacio Nacional, para pedir la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador tanto en la exigencia de justicia en su caso, como para que intervenga y garantice la reconexión de la comunidad de Ayutla Mixe a su manantial.

Portando dos cartulinas con mensajes como “Reconexión inmediata al manantial, cumplimiento de la sentencia 795/2017” y “Por las familias y mujeres de Ayutla a 4 años sin agua”, la joven mixteca se manifestó sobre el caso de San Pedro y San Pablo Ayutla, comunidad ayuujk de la Sierra Norte de Oaxaca que tras cuatro años de batalla legal obtuvo una sentencia definitiva para ser reconectada al manantial que les fue despojado en junio de 2017.

La sentencia ordena a las autoridades de Oaxaca y al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que reconecten a la comunidad al manantial, en los términos que expresa la concesión que le fue otorgada a la comunidad en 1999.

Aunque la sentencia fija un plazo de tres días hábiles para ser acatada, a partir de la notificación, la joven acusó que ahora las autoridades obstaculizan su cumplimiento e incluso denunció que ha habido amenazas contra los poblanos, por lo que solicitó la intervención de AMLO, quien ya había pedido al gobernador Alejandro Murat que acate la sentencia.

Saxofonista María Elena Ríos pide en Palacio Nacional reconexión de Ayutla Mixe a su manantial
Saxofonista María Elena Ríos pide en Palacio Nacional reconexión de Ayutla Mixe a su manantial

“Tenemos que seguir luchando por las injusticias que nos hacen a diario a mujeres, niñas y comunidades indígenas. La comunidad de Ayutla Mixe tiene 4 años que le quitaron su manantial y sin agua potable, llevan años luchando por la sentencia”, explicó.

“Actualmente a mis paisanos los están intimidando y están obstaculizando esa sentencia que el mismo Presidente en su mañanera la reiteró y pidió que la acate al gobierno de Oaxaca”, declaró.

Recordó que AMLO le tiene mucho aprecio a Oaxaca y se basa el los ideales de Benito Juárez. “es por ello que le pido que por humanidad nos ayude en nuestras luchas, como Presidente, como ciudadano y como mexicano, nos ayude”.

Exige detención de quinto implicado en ataque de ácido

Agregó que en su caso, tras el ataque con ácido con el que intentaron matarla en septiembre de 2019, el quinto agresor sigue libre y suman un año y 10 meses sin que lo detengan.

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“Mi proceso legal todavía no llega a una audiencia intermedia y el Presidente sabe que es un proceso legal muy largo. Vengo a apoyar a mis paisanos porque gracias a ellos me motivan a levantarme cada mañana. Lo hago por comunidad, porque eso es lo que nos caracteriza en Oaxaca ”, expresó.

Dijo que lo único que pide ella y la población de Ayutla es justicia y que no se sigan violentando sus derechos humanos. “Lo único que pedimos es paz, no pedimos otra cosa, porque nos han robado nuestra tranquilidad y eso no es vida”.

“Sólo pido la reconexión a la comunidad de Ayutla Mixe, y que por favor se acuerde de mí porque mi agresor sigue libre y tengo una batalla muy larga, en donde no está sólo en juego mi vida, sino también la de mi familia”.

Agregó que pide una audiencia con el Presidente para que se cumpla la justicia que está pidiendo, ante lo cual entregó un documento escrito a mano al enlace de atención ciudadana de Presidencia.

No es la primera vez que María Elena se suma a la exigencia de justicia para Ayutla, pues previamente participó en un video donde narra que durante el despojo del manantial cuatro mujeres ayuujk fueron secuestradas y abusadas sexual mente por el grupo armado que se apoderó del afluente.

El quinto agresor de la saxofonista es identificado como Juan Antonio Vera Hernández, hijo de el exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, actualmente preso como presunto autor intelectual del ataque, tipificado como feminicidio en grado de tentativa. Se considera prófugo y actualmente existe una recompensa de un millón de pesos por quien ofrezca datos que ayuden a dar con su paradero.

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