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Tijuana.— Héctor Barajas regresará a casa en abril. El veterano sirvió a las fuerzas armadas de Estados Unidos, pero en 2004 fue deportado a Tijuana, y esta semana recibió la autorización del gobierno estadounidense para convertirse en ciudadano de la Unión Americana, luego de vivir por más de una década en México.

“¡Woho! ¡Me voy a casa con mi niña, me voy a casa!”, gritó Héctor luego de leer el documento que le entregó Norma Chávez, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de San Diego (ACLU, por sus siglas en inglés), en el que le notificaron que será el 13 de abril cuando tome protesta como ciudadano estadounidense.

“¡Voy a volver a casa, mamá!”, seguía gritando dentro del edificio en el que viven él y otros veteranos que han sido deportados. En ese sitio, conocido como el Búnker, también conviven con mujeres que fueron expulsadas de Estados Unidos, entre todos conforman la Casa de Apoyo para Veteranos Deportados y Dreamers Mom’s, ambas organizaciones apoyan a migrantes que enfrentan su deportación.

Al recibir la noticia, además de gritar, Héctor y otros compañeros que también escucharon la respuesta lloraron. Se tomaron de la mano, y antes de abrir el sobre y leerlo, oraron y dieron gracias por cualquiera que fuera la respuesta.

Nació en México, pero se crió en Los Ángeles desde los siete años. Como tenía tarjeta verde, pudo servir en el ejército y fue parte de la 82 División Aerotransportada desde 1995 hasta 2001.

Barajas fue dado de baja del ejército de Estados Unidos en 2001, pero cometió un delito al disparar un arma e intentar asesinar a alguien. Durante el juicio que enfrentó un año más tarde aceptó su culpabilidad y con ello el gobierno estadounidense le retiró su tarjeta verde y fue deportado en 2004 al terminar su sentencia en prisión.

A su llegada a Tijuana fundó la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados, desde ese tiempo a la fecha otros como él que han llegado bajo las misma circunstancias han recibido apoyo al tener un lugar donde dormir, comer o incluso con asesoramiento legal para pelear sus casos en las cortes de Estados Unidos, o para pedir los beneficios que recibe cualquier persona que perteneció a las fuerzas armadas de la Unión Americana.

Félix Peralta es uno de ellos: de los veteranos deportados. Fue expulsado en 2001 a pesar de que también haber servido al ejército del país anglosajón.

“Esto que pasó con Héctor nos ayuda a todos porque es una esperanza más grande. Es como si Héctor hubiera abierto una puerta que antes parecía cerrada, su caso será un precedente para el resto de los deportados veteranos”, dijo Félix, quien también intenta regresar a Estados Unidos.

La directora ejecutiva de ACLU en San Diego, Norma Chávez, explicó que en el caso de Héctor primero tuvieron que pedir un perdón al gobierno de California para recibir un indulto del gobernador por el delito que cometió hace más de una década y fue apenas el año pasado cuando Jerry Brown, el mandatario de ese estado, se lo concedió.

Poco antes de ese trámite, ya habían comenzado con el papeleo para pedir su ciudadanía y uno de los requisitos era no haber tenido antecedentes, por eso cuando el gobernador le dio el perdón lanzaron una petición oficial para su ciudadanía para la cual el gobierno federal debió responder en diciembre de 2017.

“Ellos había retrasado el proceso, por eso tuvimos que demandar para obligarlos a responder en los tiempos que debieron, se retiró esa demanda y fue hoy que nos dieron la noticia de que Héctor puede regresar por la puerta grande”.

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