La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJENL) sólo tiene contabilizados nueve feminicidios hasta el mes de agosto, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), a la fecha ha registrado 52 casos.

Esta diferencia tan grande en las cifras es porque la Procuraduría no realiza las investigaciones con perspectiva de género , afirmó la presidenta de la CEDHNL, Sofía Velasco Becerra.

Por ello, recomendó que la Procuraduría de Justicia elabore un protocolo con perspectiva de género para sus investigaciones sobre muertes violentas de mujeres, como los que existen a nivel internacional; que, advirtió, tendrían que adecuarse a nuestra realidad.

Por la carencia de dicho protocolo, afirmó Velasco, muchas veces que ocurre un feminicidio, la autoridad lo quiere desestimar y lo considera una muerte más.

Para poner fin a la investigación, dijo, simplemente dicen que la víctima murió porque andaba en el crimen organizado , o esgrimen cualquier otra explicación.

Justamente este martes, la CEDHNL emitió una recomendación al procurador de Justicia del Estado, Bernardo González Garza, porque la dependencia determinó como crimen pasional, la muerte de dos mujeres que tenían una relación de pareja homosexual.

Pero lo grave del caso es que durante las indagatorias, no hubo integralidad de las acciones emprendidas para garantizar el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad, por parte de la madre de una de las víctimas, que presentó una queja ante las deficiencias en las investigaciones.

La Comisión Estatal emitió la recomendación 25/2017, dirigida al procurador González Garza, por haber se acreditado que “personal de la Procuraduría transgredió los derechos al debido proceso, garantías judiciales y derechos de la víctima o de la persona ofendida, al incumplir con la obligación de la debida diligencia en la investigación de los hechos en que fuera privada de la vida una persona”.

En febrero de 2014, en un domicilio de la zona metropolitana, se registró la muerte violenta de dos mujeres que según testimonios recabados por la autoridad, tenían una relación sentimental de pareja, por lo que ante ese hecho, el Ministerio Público determinó que su muerte fue por motivos pasionales.

El cuatro de noviembre de 2015, la madre de una de las dos mujeres asesinadas, presentó una queja porque el MP no se avocó a la indagación del hecho delictivo del que fuera víctima su hija y porque no se habían presentado avances en la investigación, para conocer la verdad de los hechos.

Asimismo, la quejosa expuso que en la autopsia realizada a la víctima, no se especificó hora de su fallecimiento y que “se había tratado de desvirtuar los hechos arguyendo que se trató de un crimen pasional, queriendo aprovecharse de la tendencia sexual de su hija para dar carpetazo al asunto”.

La CEDHNL acreditó

que la averiguación previa del caso se inició el seis de febrero de 2014, y del análisis de las diligencias desahogadas por el Ministerio Público, se advirtió que tras 44 meses desde el inicio de las investigaciones, sólo en 20 de ellos obran actuaciones sustanciales; y que dentro de los 20 meses que hay actuaciones dentro de la averiguación previa, en diez de ellos hay intervención de familiares de la persona fallecida.

Además, se encontró que en 2014, la última actuación sustancial ocurrió en el mes de agosto y la siguiente hasta noviembre de 2015, es decir 15 meses después, y que la reactivación de las diligencias, se derivaron de la intervención de la familia fallecida, no obstante que la peticionaria ha tenido que venir desde Veracruz, donde reside, a exigir justicia.

Al quedar demostradas las violaciones a los derechos humanos de la peticionaria y de su hija fallecida, por parte del MP, se recomendó al Procurador González Garza, se adopten las medidas integrales de rehabilitación idóneas a favor de la peticionaria, y se proceda a la indemnización de la quejosa en atención a los gastos de traslado de Veracruz a esta ciudad para dar seguimiento a la averiguación previa.

Asimismo, que se inicien los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra del personal que intervino en las violaciones a los derechos humanos por acción u omisión; y se elabore un protocolo de investigación con perspectiva de género ajustado a los estándares internacionales.

Cabe mencionar que la CEDHNL, instaló en sus instalaciones, un altar de muertos en memoria de todas las víctimas de feminicidios ocurridos en la entidad.

cfe

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