Dan libertad bajo fianza a ex secretario de Salud de Padrés

Bernardo Campillo, el ex secretario de Salud en Sonora

, en la administración de Guillermo Padrés (2009-2015) que fue detenido en el estado de Durango, al inicio de año, por el presunto delito de falsedad en su declaración patrimonial, llevará su proceso judicial en libertad .

Odracir Espinoza Valdez, titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción en Sonora, informó que el ex funcionario detenido el día 2 de enero en Durango, fue trasladado a Sonora por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Se le consignó y se puso a disposición de un juez de control, donde de acuerdo al proceso legal, el motivo de su aprehensión no es un delito grave, por lo que se le fijó una fianza.

El ex funcionario tiene otros procesos pendientes. En enero del 2015, bajo el expediente 51/2015, quedó asentada ante la PGR, una denuncia contra el ex funcionario, por el presunto desvío de recursos federales por más 250 millones de pesos, asociación delictuosa, tráfico de plazas, peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

El demandante, doctor Carlos Manuel González Méndez, secretario General del Sindicato de Trabajadores de los Servicios de Salud en Sonora, lo implicó en el tema de asignación de 108 plazas de “aviadores” en diferentes hospitales de la entidad.

En ese momento, sustentó la denuncia en base a investigaciones que se realizaron con solicitudes de acceso a la información pública desde 2010, donde también se detectó un desvío de más de 44 millones de pesos de los fondos federales.

En el año 2016, la Fiscalía Anticorrupción tenía radicadas 11 averiguaciones radicadas en contra de la dependencia.

Bernardo Campillo, ha sido acusado de peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, incluso, cuenta con una ficha roja emitida por la Interpol, y forma parte del grueso de mil ex funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés que son investigados, por el presunto quebranto de más de 30 mil millones de pesos al erario público.