El Gobierno del Estado de Guanajuato lamentó la ejecución de Rubén Ramírez Cárdenas en la prisión Allan B. Polunsky, en Livingston,Texas , que “constituye una violación a los derechos humanos y consulares”.

Informó que el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias continuará brindando asistencia y apoyo a los familiares de Rubén.

Señaló que la ejecución del guanajuatense representa una falta a los acuerdos de la Convencion de Viena sobre Relaciones Consulares, por parte de la Corte Estatal y Federal estadounidense, en donde rechazaron todos los recursos legales que se promovieron para la revisión del caso.

El Gobierno del Estado desplegó una serie de acciones, en coordinación con el Consulado de México en Houston y la Secretaría de Relaciones Exteriores para agotar todas las instancias, a fin de obtener la revisión y reconcideración del caso del Irapuatense, a quien se le quitó la vida después de pasar 20 años en prisión, condenado a la pena de muerte por el delito de homicidio.

En su defensa se argumentó sobre todo la falta de asistencia consular al inicio del proceso judicial que se siguió en su contra.

De la misma manera la cancillería mexicana y el equipo de abogados de Rubén Ramírez Cárdenas, solicitaron en fechas recientes una prueba de ADN, siendo negada por las autoridades judiciales.

El Gobierno de Guanajuato sostuvo la importancia fundamental del respeto al derecho de acceso a la protección consular y a una revisión judicial y reconcideración de su sentencia, según la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien advirtió que su ejecución constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales de la vida.

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