Acecha a "El Bronco" sombra de Topo Chico

Monterrey.— La defensa de Jaime Rodríguez Calderón rechaza que el exmandatario sea trasladado a otro reclusorio por decisión de las autoridades o a petición de sus abogados, pues en el penal Apodaca 2 se encuentra tranquilo, pero consciente de la problemática en la que está inmerso.

El abogado Aurelio Galindo Briones, quien se ha especializado en el área penal, consideró que Rodríguez Calderón correría riesgo en su integridad física dentro de las instalaciones del Cereso de Apodaca, ya que aún hay internos que participaron en la masacre que protagonizaron en febrero de 2016 dos grupos que se disputaban el autogobierno en el penal del Topo Chico, y podrían estar inconformes porque El Bronco ordenó su traslado.

El abogado Víctor Olea Peláez, tras visitar a Rodríguez Calderón, señaló en entrevista que hasta el momento no han presentado recursos de amparo a favor de su cliente, pues incluso con relación a la vinculación a proceso y la prisión preventiva que le dictó el pasado miércoles el juez Carlos Alberto Salas González, no han tomado alguna decisión.

“Pueden surgir muchas cosas, pero estamos en tiempo de diseñar la mejor estrategia que estimemos conveniente”, detalló el defensor.

Cuestionado si alegarán violaciones a los derechos de su defendido por la circulación de videos y fotografías dentro del penal de Apodaca 2 y en instalaciones de la Fiscalía, asentó: “Estamos en el análisis de todos esos aspectos, estuvimos concentrados en preparar la audiencia [inicial] que fue muy intensa y a partir de hoy diseñaremos una estrategia y la pondremos a consideración del exgobernador”.

Precisó que en la audiencia del miércoles pasado, la fiscalía manifestó verbalmente que había judicializado una carpeta de investigación por el supuesto delito de abuso de autoridad de Rodríguez Calderón, “pero no hemos sido notificados ni citados para ninguna audiencia al respecto, desconocemos cuál es la situación, pero la atenderemos”, dijo.

El abogado recalcó que el propósito de la defensa es demostrar “la inocencia plena del señor exgobernador” con relación a las imputaciones que se le hicieron por un delito electoral por la Fiscalía Especializada de Nuevo León y que, “definitivamente en nuestra posición, él no cometió”.

Además, expuso, el delito por el que fue vinculado a proceso “no es grave ni amerita la prisión preventiva oficiosa ni tampoco justificada”, como resolvió el juez de Control del estado.

Como saben, señaló el abogado, “ayer tuvimos una audiencia muy intensa de casi nueve horas y finalmente el juez determinó vincular a proceso al exgobernador, y decretar temporalmente su prisión preventiva, pero al mismo tiempo, determinó a petición de la defensa, decretar la incompetencia por declinatoria, es decir, que se declaró incompetente y mandará todo el expediente hacia el Poder Judicial de la Federación”, indicó.