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El viernes pasado sorprendió la noticia de que las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) habían liberado a Martín Díaz, el segundo socio de Oceanografía, acusado del fraude por 500 millones de pesos contra Banamex y prófugo de la justicia mexicana. Pero lo que más sorprendió fue que durante el tiempo que Díaz estuvo detenido en un centro de detención de migrantes, al sur de Miami, la Procuraduría General de la República no haya pedido, con la suficiente fuerza y a través de una petición formal, que el empresario mexicano, contra el que existe una orden de aprehensión en nuestro país por el delito de fraude, fuera entregado al gobierno mexicano, en lugar de ser liberado.
De inmediato vinieron las suspicacias de por qué la PGR no actuó con la suficiente fuerza legal para pedir el aseguramiento o la deportación de Díaz, que ya se encontraba en poder de las autoridades migratorias estadounidenses o cualquier otra figura legal que permita traerlo de regreso al país para que cumpla con la orden de detención que se giró desde hace 15 meses en su contra y que no se ha cumplido porque se encontraba prófugo. Y no faltó quien se preguntara si la aparente tardanza o tibieza de la Procuraduría no tiene que ver con el parentesco político que existe entre la procuradora Arely Gómez y el acusado Martín Díaz, quien es primo hermano de su esposo Alfredo Freyssinier Álvarez.
Porque ya en una ocasión, cuando era senadora, en marzo de 2014, y el PRI la propuso para presidir la Comisión Especial que se formó en el Senado para investigar el fraude de Oceanografía, la hoy procuradora tuvo que excusarse de no participar en la investigación, luego de que senadores del PAN la acusaran de incurrir en un “conflicto de interés” por el parentesco familiar de cuarto grado que Arely mantiene con el segundo socio mayoritario de Oceanografía, a quien se acusa de haber firmado las solicitudes de préstamo hechas a Banamex con datos falsos sobre los activos y pasivos de la empresa, que era la principal contratista de Petróleos Mexicanos.
La pregunta ahora es si ese mismo conflicto de interés no persiste y si no está afectando la actuación de la procuradora Gómez en el caso de Oceanografía. Porque el parentesco entre ella y Díaz se mantiene, y a la luz del año que ha transcurrido desde que se libró la orden de aprehensión contra el socio de Amado Yáñez y su reciente liberación en los Estados Unidos, valdría la pena preguntarse si la titular de la PGR no tendría que exponer claramente si tiene un conflicto con la investigación que le obliga a buscar por todos los medios legales la detención de un prófugo de la justicia que es su primo político.
No vaya a ser que el señor Díaz se beneficie de esa relación familiar y siga evadiendo la acción de la justicia si no es detenido o extraditado ahora que aún está bajo vigilancia de las autoridades migratorias estadounidenses. ¿Se excusará la señora procuradora y pondrá a cargo de la investigación y la captura de Martín Díaz a alguien que no tenga un conflicto de interés o buscará que el “lustrador” de moda Virgilio Andrade también la exonere después y diga que, “según las leyes mexicanas” nunca existió tal conflicto?
NOTAS INDISCRETAS… Aún con la creciente presión para que se esclarezca el crimen de la Narvarte, y las voces nacionales e internacionales que exigen una investigación a fondo del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de todos los crímenes contra periodistas en México, como en el desplegado publicado ayer en EL UNIVERSAL por el PEN América y periodistas mexicanos, en el gobierno federal se niegan a intervenir o atraer las indagatorias a cargo del gobierno capitalino, a pesar de que en altos círculos federales critican como “errática y desordenada” la investigación de la PGJDF y su política de comunicación. Pero aún así, la posición del gobierno de la República sigue siendo que se trata de un “delito del fuero común y como tal debe investigarse”. Habrá que ver si con este caso, no le pasa a la administración Peña Nieto lo mismo que le ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa, del que primero se desentendieron porque los asesores presidenciales como Aurelio Nuño decían que era “un asunto local”, y luego terminó volviéndoseles una pesadilla de dimensiones internacionales. ¿Serán capaces de repetir el mismo error?..Los dados mandan Escalera. Mejoró el tiro.
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