El 2 de enero de 2017, de cara al panorama político, económico y social más sombrío que se recuerde en años, el país despertó con la noticia de que los once consejeros del Instituto Nacional Electoral, INE, se habían despachado un aguinaldo de 472 mil 742 pesos: tres veces el monto del bono que en “secreto” se entregaron los diputados.
La indignación no tuvo límites. La noticia se viralizó.
Al día siguiente se supo que el organismo había adquirido también 200 teléfonos iPhone 7 Plus —para los propios consejeros y altos mandos ejecutivos—, y entonces el prestigio del instituto terminó de emparejarse con el del resto de la clase política mexicana, cuya imagen vive también las horas más sombrías que se recuerden en años.
El INE traía un flanco abierto ante la sociedad desde que se anunció, en 2015, la construcción de su nueva sede —dos torres de 14 pisos, macrosala de prensa, una Plaza de la Democracia— con valor de mil 70 millones de pesos.
Además de gozar de un sueldo neto de 177 mil 466 pesos, con esa nueva sede los funcionarios electorales podrían disfrutar de huertos con árboles frutales, azoteas verdes, zona deportiva, complejo de regaderas y vestidores, e incluso una pista para bicicletas.
El proyecto tenía un punto positivo, porque iba a poner punto final a un pago de rentas de más de 100 millones de pesos al año. Se había convertido, sin embargo, en un constante talón de Aquiles para el organismo.
Aunque en los primeros días del año el INE se apresuró a emitir una nota informativa que explicaba que el monto del aguinaldo de sus funcionarios estaba previsto en el Manual de percepciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2016; aunque explicó que los 200 iPhone eran producto de la renovación periódica de los equipos por modelos más modernos, la imagen del organismo continuó en caída libre.
El desplome ocurría en el peor momento. Cuando se vienen elecciones en Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz; y justo en el año en que arranca el proceso electoral para renovar, en 2018, tanto la Presidencia de la República como el Congreso de la Unión.
Este lunes, al reiniciar sus actividades luego del periodo navideño, el consejero presidente Lorenzo Córdova puso sobre la mesa una idea que desató más de 36 horas de deliberaciones —y encontró no pocos reparos entre consejeros y miembros de la Junta General Ejecutiva: que el INE “no podía ser ajeno a los desafíos que aquejan al país” y por lo tanto estaba obligado a amarrarse el cinturón al lado de éste.
De otro modo carecería de legitimidad para enfrentar los procesos de este año crítico.
Hacia las dos de la tarde del miércoles se alcanzó por fin un consenso. Cerca de las tres, se anunciaron cinco medidas:
Uno. Suspender la construcción de la nueva sede y poner a disposición de las autoridades hacendarias los mil 70 millones de pesos asignados, para que ese dinero “tenga el destino que sea determinado por las mismas”.
Dos. Una reducción de 10% en las remuneraciones de consejeros e integrantes de la Junta General Ejecutiva.
Tres. Renuncia de los mismos funcionarios a la prestación de telefonía celular, cuyos gastos asumirán por su cuenta (mil 80 pesos al mes).
Cuatro. Rendir cuentas del presupuesto cada tres meses y no hasta que finalice el ejercicio fiscal.
Cinco. Presentar en el próximo mes de febrero un conjunto extra de medidas de austeridad, que ayuden a racionalizar el gasto. Además de un drástico recorte en el uso de papel, “se hará una profunda revisión de la política de uso de los vehículos oficiales”.
Al INE le tomó dos días de deliberaciones mandar esta señal de solidaridad con México. Que la cuenta regresiva siga corriendo para que cada instituto, cada organismo y cada dependencia financiados con dinero público den a conocer las medidas de austeridad con que sus funcionarios acompañarán a los mexicanos.
La lista es larga. Podríamos comenzar con los partidos, que este año recibirán más de 4 mil millones de pesos.
¡Anímense! Total, como el INE lo ha demostrado, aún es tiempo de mejorar la imagen.
@hdemauleon
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