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En cualquier democracia los distintos poderes sirven de contrapeso entre sí. En el momento en que se altera ese orden, la viabilidad democrática comienza a perderse.
Venezuela amaneció ayer con una noticia que viene a sumarse al cúmulo de hechos que demeritan la democracia de cualquier nación.
A la escasez de alimentos y medicinas, y a la intensa presión contra la prensa para alinearse a una línea oficial, además de la existencia de opositores políticos en prisión, se añade la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (Poder Judicial) de asumir las competencias de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo).
Lo que se había ganado en enero de 2016, cuando la oposición por medio de elecciones logró el control de la Asamblea Nacional, se perdió por medio de una decisión de escritorio. El cuestionado gobierno de Nicolás Maduro desaprovechó lo que parecía una oportunidad de apertura. No hubo el menor intento de negociar o de virar unos grados lo que ha sido descrito como gobierno autoritario. Con la decisión del Tribunal Supremo —vinculado al oficialismo— la lectura no puede ser más clara: las voces contrarias al régimen deben ser acalladas y despojadas de cualquier tribuna que les dé amplia presencia.
Ante lo que muchos han definido como autogolpe de Estado y rompimiento del Estado de derecho, es momento para que la comunidad internacional inicie acciones de presión diplomática sobre el gobierno venezolano. En la Organización de Estados Americanos hay mecanismos para ello.
Diversos países latinoamericanos empiezan a explorar la posibilidad de aplicar la carta democrática y suspender a Caracas del organismo multilateral.
Durante gran parte del siglo XX América Latina vivió largos periodos de regímenes dictatoriales. La transición hacia etapas democráticas no fue fácil ni exenta de violencia. El periodo de mayores libertades que ha vivido la región desde finales de la década de los 90 ha servido para impulsar un crecimiento económico que ha beneficiado a la población y que ha dado presencia al continente en el mundo. Pese a ello, en algunas naciones hay resabios de épocas pasadas.
Por mucho tiempo la comunidad de países latinoamericanos ha sido una mera expectadora de los acontecimientos que escalaban en el país sudamericano. La usurpación de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo debe generar una condena generalizada y la adopción de una vigorosa diplomacia que tenga como objetivo restaurar la extraviada normalidad democrática en Venezuela.
