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Lo cierto es que, comprobada la existencia de colusión entre cuatro intermediarias, es decir una práctica monopólica absoluta, la sanción impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica resulta una ganga.
De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica la conducta, ubicada como el delito mayor, puede ser punible hasta con el equivalente al 8% de los ingresos de las firmas involucradas en el periodo investigado.
En la indagación, a denuncia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en la presunción de que el 55% de los dos millones 400 mil traspasos a cuentas de usuarios realizados en el 2014 habían caído en las buchacas de los acusados, con la novedad de que éstos no son precisamente quienes ofrecen los mejores rendimientos, se encontraron evidencias graves.
Se habla de convenios entre pares de intermediarias, por ejemplo uno entre la Afore Banorte XXI y Profuturo, otra de las acusadas y sancionadas, con vigencia de octubre de 2013 a mayo de 2014; uno más Banorte XXI-Sura, la tercera en el ajo, entre enero y junio de 2014 y otro entre la propia empresa y Principal la cuarta involucrada, entre febrero y junio del propio año.
Las pactos bilaterales planteaban reducir el traspaso de cuentas entre ellas, fijando algo así como cuotas semanales que variaban en relación al acuerdo.
Naturalmente, la Consar había comprobado previamente la reducción de traspasos.
El seguimiento se daba vía correos electrónicos en que los actores de la trama utilizaban motes o sobrenombres para ocultar sus identidades, lo que a juicio de la Cofece demuestra que había conciencia de delito.
Un año después de planteada la querella, en cuyo preámbulo se entregó a las intermediarias involucradas un pliego de presunta responsabilidad que les abría la posibilidad de pruebas de descargo, el proceso derivó en una multa conjunta de mil 100 millones de pesos que alcanza no solo a las cuatro intermediarias, sino a 11 de sus funcionarios.
La Consar no hizo público el monto de multa para Sura, Profuturo y Principal. La Afore de Banorte debió transparentar el tamaño de la sanción por su condición de empresa pública, es decir cotizante en la Bolsa Mexicana de Valores. Entre los funcionarios que a juicio de la Cofece participaron en la danza está el exdirector de la Afore Banorte XXI, Francisco Tonatiuh Gutiérrez, quien había tenido una carrera impecable en la intermediaria.
En la misma empresa se anota también a Francisco Javier González Almaraz y Ricardo Valladolid Mora.
La lista incluye tres de Profuturo, dos de Sura y tres de Principal.
La impugnación de la afore cuya mitad del capital la tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, y quien maneja 23.2% de las cuentas del sistema, habla de que la sanción se manejó sobre la base del gasto comercial de la firma, como si todo el monto se destinara al traspaso de cuentas.
Lo cierto es que al margen de la falta como tal, el fondo planteaba una práctica monopólica absoluta, cuyo tratamiento es mucho más estricto.
Les salió barato.
Balance general. En el escenario errático en que se maneja la Casa Blanca de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora resulta que se pretende fragmentar éste en dos vertientes, una con México y otra con Canadá.
La ruta planteada por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, se colocaría a contrapelo de las empresas estadounidenses involucradas. El canciller, Luis Videgaray, había dicho que México aceptaría sÓlo una mesa para tres. Lo cierto es que el marco le rompe la columna vertebral a la estrategia de México, consensuada con las firmas involucradas en el concierto mercantil, de colocar en escena producción conjunta, es decir ciento por ciento contenido regional.
Dicho con todas las letras, constituir cadenas de valor para el abasto de insumos, ensamble y comercialización, sin necesidad de tantos rebotes en las fronteras.
El eslabón reclamaría necesariamente la conexión con la industria canadiense.
La gran pregunta es si el país se mantendrá en lo dicho luego de los pactos con la nación de la hoja de arce, o finalmente se avendría al escenario bilateral.
Buena y mala. Al evidente campanazo que representó lo que parece al regreso definitivo a los números negros después de años de pérdidas de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, lo enfrenta una mala noticia. Las firmas han mantenido inalterable la ruta del endeudamiento. En el caso de Pemex el monto global alcanza un billón 955 mil millones de pesos, luego de un salto anual de casi medio billón.
¿Cuánto de los 87 mil 900 millones de utilidades obtenidas entre enero y marzo se destinará para el servicio del colosal débito?
En el caso de la CFE, su deuda creció 13.5%, para llegar a 455 mil 710 millones.
En las paradojas de la vida, las exparaestatales se achican y las deudas se agigantan.
El marco podría darle otro susto al país al considerar que el fardo tiene la garantía del gobierno federal, lo que presiona la calidad crediticia de la deuda soberana.
Inversiones a Hidalgo. En los próximos días el gobierno de Hidalgo, encabezado por Omar Fayad, anunciará la llegada de ocho nuevas empresas a la entidad entre europeas, asiáticas y nacionales.
En este último caso esta Bimbo, con un proyecto de expansión. Los municipios a que apuntan las inversiones son Tula, Atitalaquia, Mineral de Reforma y Tizayuca.
En afán de cumplir una meta de 10 mil millones de pesos en apuestas, se han creado 10 parques industriales en un espacio de mil 700 hectáreas.
Outsorcing rara avis. A contrapelo de las denuncias que apuntan a que las empresas de outsourcing o tercería escatiman prestaciones sociales a sus trabajadores, GINgroup, que encabeza Raúl Beyruti, las aumenta.
La firma acaba de renovar un acuerdo con Old Mutual para que gestione los planes de ahorro e inversión de los integrantes de su nómina a efecto de garantizarles un retiro digno. La empresa tiene 130 mil colaboradores.
En la ruta se han abierto instalaciones deportivas.
albertobarrancochavarria0@gmail.com