Más Información
Hete aquí que uno de los defensores designados por la dependencia, Jaime Loé Rangel, carecía de título profesional de licenciado en derecho, es decir no tenía personalidad jurídica para representarla.
El servidor público estuvo adscrito del 5 de junio de 2006 al 11 de julio de 2012 como subdirector de Área de la Dirección General de Recursos Humanos, y como apoderado legal de la dependencia.
De acuerdo a un acta de responsabilidades que se le levantó hace dos años (Expediente PAR-478/2013), Loé Rangel suscribió 57 documentos oficiales relacionados con la defensa jurídica de los juicios laborales promovidos en contra de la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, se calcula que el falso abogado participó en centenares de juicios más, no sólo ante los tribunales laborales sino civiles, en casos promovidos por el Servicio de Administración Tributaria contra causantes morosos.
De haber ganado la dependencia los procesos, las contrapartes podrían objetar las sentencias por incumplimiento del debido proceso.
De acuerdo con un oficio en poder del columnista, Loé Rangel participó en procesos jurídicos de carácter laboral desde 2001.
Con fecha 7 de marzo de ese año, el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le notificó al entonces a su vez presidente del H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Alfredo Farid Barquet Rodríguez, los nombres de los apoderados que defenderían la causa de la dependencia.
Entre ellos estaba Jaime Loé Rangel.
En el acta administrativa levantada por el Área de Responsabilidades del órgano de control interno de la Secretaría de Hacienda se hace constar que el funcionario se ostentó como licenciado en derecho sin poseer título profesional legalmente expedido y debidamente registrado, “por consiguiente sin haber obtenido de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública la patente de ejercicio correspondiente”.
Loé Rangel había exhibido a su ingreso a la dependencia un registro de la Dirección General de Profesiones que resultó apócrifo.
El número de éste corresponde a la cedula profesional de una mujer para ejercer contaduría pública.
La instancia expidió un oficio en el que hacía constar que no hay antecedente alguno que justifique la mica correspondiente.
El acusado aparentemente ya jubilado, no respondió a los requerimientos de la dependencia para defenderse algunos de ellos vía Edictos.
Desde que surgió la llamada Universidad de Santo Domingo, es decir la posibilidad de obtener mágicamente títulos profesionales, certificados de estudios, cédulas profesionales y demás, se exige por empresas privadas o instancias gubernamentales una certificación notarial de los documentos.
A la Secretaría de Hacienda se le pasó el requisito. Prófugo de la justicia durante varios meses, a su regreso al país el exbanquero Carlos Cabal Peniche enfrentó 14 juicios, uno de los cuales se desvanecio porque al momento de presentar la querella el Procurador Fiscal no había exhibido el original o copia notariada de su nombramiento presidencial.
Así de fácil.
Una bolita de nieve que puede convertirse en alud.
Balance general. Aunque el asunto no ha elevado los decibeles, existe molestia en el sector minero por una modificación a la Ley de Derechos, integrada en el paquete financiero para el año próximo aprobado por el Congreso, que permite disponer para gasto corriente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del 2.5% del fondo minero.
Como usted sabe, está se constituyó con parte de un impuesto especial a las empresas extractivas bajo el candado de utilizar los recursos para obras de infraestructura en beneficio de las comunidades aledañas a las minas.
Al cierre del año pasado se habían contabilizado 2 mil 131 millones de pesos en la alcancía.
Los propietarios de las firmas califican la iniciativa de incomprensible, sobre todo por la exigencia de que sea retroactiva, lo que viola uno de los preceptos constitucionales.
La Sedatu no tiene facultades para recibir el recurso por un concepto ajeno a la facturación de un servicio público a los particulares.
La imposición del tributo sobre la base de las utilidades de las empresas provocó que éstas dejaran de canalizar o redujeran las partidas que destinaban a tareas sociales en beneficio de la comunidad.
Efecto dominó. Mientras la lupa de la PGR sigue sin encontrar las huellas del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el efecto dominó de la rapiña sigue causando estragos.
Expedidas en 2012 tres emisiones de Certificados Bursátiles por el gobierno de la entidad, cuya mora en materia de cupones lleva varios meses, los tenedores lograron que se embargue uno de los fondos del gobierno.
La acción la instrumentó Banobras.
La congelación de los recursos estará vigente hasta que el gobierno al relevo, encabezado por Miguel Ángel Yunes, acepte otorgar una prima a favor de los tenedores a cubrir entre diciembre y septiembre del año próximo.
Derechos de pasajeros. En plena catarata de quejas contra las líneas aéreas, la Cámara Nacional de Aerotransporte está reclamando al Congreso actualizar la Ley de Aviación Civil para garantizar derechos de los pasajeros.
El ordenamiento, expedido en 1995, no ha sido modificado en el capítulo específico.
La actualización apunta a garantizar, por ejemplo, trato igualitario para pasajeros procedentes de Centro y Sudamérica; evitar la segregación de los pasajeros en las revisiones de seguridad, incluyendo los equipajes, lo que retrasa el proceso de entrega de éstos.
También se plantea que se tome en cuenta el derecho a la información en materia de demoras, cancelaciones, equipaje, pasajeros discapacitados y obligaciones de los turistas. El presidente del organismo es Sergio Allard Barroso.
Carne al exterior. De acuerdo con el cálculo de la Asociación Nacional de Establecimientos, TIF, al finalizar el año habrá crecido en 6% el flujo de exportaciones de cárnicos, lo que implicaría una facturación total de mil 600 millones de dólares. El énfasis se dará en las carnes de res y cerdo, cuyo incremento alcanzaría 12% y 3% respectivamente. Los destinos favoritos son Estados Unidos y Japón.
Crece Cadu. Ajena a la explosión de las promotoras de vivienda al cambio de reglas dictado por el gobierno, Corpovael, conocida como Cadu, sigue creciendo.
Ante el bache, la compañía diseñó un nuevo modelo de negocio que acotó la clientela con necesidad de subsidio.
Su utilidad neta al tercer trimestre del año registró un salto de 24.8%. Sus ingresos totales fueron de mil 12 millones, de los cuales 890 correspondieron a escrituración. El presidente de la firma es Pedro Vaca Elguero.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
